En cuatro municipios cesarenses
La Contraloría General de la República presentó un informe de Auditoría sobre ‘Proyectos de obras inconclusas e inservibles de la vigencia 2008-2011’, realizado en los municipios de Chiriguaná, Becerril, El Paso y Valledupar. Este informe fue realizado por el contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Leonardo Arbeláez Lamus, y divulgado por el CSIR Cesar.
En ese sentido, reveló que en el municipio de Chiriguaná existen dos contratos con presuntas irregularidades, en los cuales hay siete hallazgos disciplinarios, siete fiscales y uno penal. El primero de ellos es el contrato 013 de 2007 para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado, cuyo valor inicial fue de $14.331 millones, con una adición de más del 50% del valor total del contrato, llegando a $21.477 millones.
Los hallazgos están relacionados en su mayoría con la calidad de la obra, como la desnivelación de los colectores de la calle 11, que podrían necesitar nueva construcción; así como los problemas de señalización y del material sobrante, el cual la comunidad no permitía retirar. La interventoría a cargo del Consorcio Interchiriguaná no ha hecho el seguimiento y control a estos trabajos y no ha exigido al contratista informe financiero del contrato.
El segundo, es el contrato 243 de 2010 para la ‘Construcción del acueducto por gravedad aguas debajo de la confluencia quebrada La Legía y La Mula para el abastecimiento del agua potable de Chiriguaná’, por valor de $49.523 millones que se inició el primero de marzo de 2011 para ser terminado el primero de enero del 2012. El informe de la Contraloría establece un hallazgo pertinente a la planeación, avance y proceso constructivo porque la administración municipal no definió previamente los permisos para el paso de las tuberías en el corregimiento de Poponte. En este contrato también se encontró falta de seguimiento por parte de la interventoría y falla en la supervisión de la administración municipal.
Otros municipios
En Valledupar la Auditoría fue al proyecto para la construcción de 320 viviendas de interés prioritario a través del convenio interadministrativo 139 del 2009, firmado entre el departamento del Cesar y Fonvisocial –El Edén-, por valor de $1.912 millones. La Contraloría hizo una función de advertencia y suspensión atinente al proceso constructivo debido a que no cumplió con el diseño estructural aprobado. Así mismo, faltaron obras de urbanismo, especialmente en la parte eléctrica, andenes y vías, así como retrasos evidentes en la programación.
Un hallazgo pertinente a la suspensión de la obra porque la Contraloría no encontró coherente dicha suspensión debido a los cobros de subsidios como se plasmó en el acta de suspensión.
Mientras que en Becerril se hizo seguimiento al convenio interadministrativo número 12 del 2009, firmado entre el municipio de Becerril y la Empresa Municipal de Servicios Públicos, Embecerril, suscrito el 8 de mayo de 2009 para la optimización, ampliación, mejoramiento y mantenimiento del sistema de acueducto, alcantarillado y laguna de oxidación, por valor de $7.333 millones para ejecutar en 12 meses. La Contraloría halló atrasos en los trabajos programados y problemas en los procesos constructivos.
Por último, en El Paso la auditoría de la Contraloría General de la República fue al contrato de obra 136 del 2010, suscrito con el Consorcio Calenturitas, el 15 de junio de 2010, cuyo objeto es ‘Construcción del nuevo sistema de acueducto de La Loma’, cuyos componentes son la captación, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento, edificio de operación, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento semienterrados y elevados, por valor de $9.800 millones, incluida la adición. Este contrato debió terminar en enero del 2011. En el informe la CGR encontró hallazgos referentes a la planeación a estudios previos y al cumplimiento.
“Este informe de auditoría confirma las irregularidades de estos contratos que ya habían sido reportadas por el DNP a la Procuraduría y la Contraloría con base en Auditorías Visibles que ya el CSIR había visibilizado en años anteriores y que sirvieron de base al presunto detrimento que la Contraloría consolida en este informe”, dijo la secretaria técnica del CSIR, María Clara Quintero.
Además agregó que “vale la pena resaltar que la Contraloría como ente de control muestre resultados respecto a estos casos específicos de Chiriguaná, Becerril y El Paso”.