Dos hallazgos con presunta incidencia fiscal, por $1.923 millones de pesos, encontró la Contraloría General de la República en la empresa Aguas del Cesar, al auditar el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP por parte de la Gobernación del Cesar.
El hallazgo de mayor cuantía, por $1.124 millones, se deriva del Convenio No. 135 de 2013 que suscribió Aguas del Cesar con la Gobernación del Cesar, con base en el cual se suscribió el contrato de consultoría No. 026 de 2014, cuyo objeto era la formulación del Plan maestro de alcantarillado del municipio de Codazzi.
La CGR no encontró soportes del factor multiplicador que se estableció allí, tales como contratos laborales, pagos de seguridad social y gastos de administración, lo que indica que no pudo haberse realizado la actividad propia del contrato o ejecución del mismo tal como fue planificada.
En el presupuesto oficial se estableció un valor de $ 405 millones en relación con los costos diferentes a sueldos, sin embargo la propuesta del contratista presenta un valor de $667.2 millones, incremento que elevó estos costos un 165%, sin justificación técnica aparente.
También, sin ninguna clase de justificación, se elevaron los costos indirectos de gastos de organización un 222%, en relación con el presupuesto oficial.
Según evidenció la Contraloría, el material de soportes contables es incompleto.
En los pagos de seguridad social se evidencia un personal dependiente del Contratista Consultor, sin embargo no hay certeza que estos estuvieran vinculados a la Consultoría, pues no se encuentran soportes como contratos laborales, pagos de cesantías, dotaciones, liquidaciones y demás pagos estipulados en el factor multiplicador aceptado y que demuestren la condición de vinculación laboral.
Además los salarios establecidos en dichos pagos de seguridad social tampoco corresponden a la oferta económica presentada.
Este hallazgo con presunta incidencia fiscal podría comprometer a la Gerente de Aguas de Cesar, Ledys Nieves Miranda, el contratista Miguel Ángel López Camargo, el interventor: la Unión Temporal Interventoría Codazzi y el representante legal Oldrin Jamit Osorio Torres.
Otro presunto detrimento por falta de soportes
El segundo hallazgo fiscal, esta vez por $799,8 millones, se dio en relación al contrato de consultoría No. 028 de 2014 celebrado por Aguas del Cesar, que tenía, entre objetos, actualizar el diagnóstico institucional del estado actual de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Como en el caso anterior, en las carpetas del contrato se estableció el factor multiplicador, no obstante no hay soportes de este, tales como contratos laborales, pagos de seguridad social y gastos de administración lo que indica que no pudo haberse realizado la actividad propia del contrato o no haberse ejecutado en realidad de acuerdo a la planeación del mismo.
Al evaluar los contratos de prestación de servicios, se determinó que la Directora de Consultoría, el profesional de apoyo social, los profesionales en Economía y Derecho, estaban vinculados por contratos de prestación de servicios y no por contrato laboral con una dedicación del 100% de la jornada durante el tiempo de vigencia del contrato (6 meses).
Según esto, no se generan para el empleador las acreencias laborales descritas en el factor multiplicador. Para todos los profesionales vinculados se pactó una remuneración por hora que no guarda concordancia con la oferta.
Lo anterior evidencia una supervisión administrativa y financiera deficiente y una inversión de recursos públicos no sustentada, lo que deja entrever la ausencia de control por parte de la Gobernación del Cesar y Secretaría de Infraestructura, a quienes correspondía ejercer el deber de supervisión y control.
Este hallazgo con presunta incidencia fiscal podría comprometer a la gerente de Agua del Cesar, Ledys Nieves Miranda, el contratista Microeconómicas y macro jurídicas estudios e investigaciones SAS, la representante legal Alcira Tapia Henríquez y la supervisora Yaneth Arenas Flores.