Por una cuantía de $446,9 millones, la Contraloría General de la República confirmó un fallo de responsabilidad fiscal en contra de dos exfuncionarios de Sena Regional Cesar. Se trata de Saulo Fabián Pérez Jiménez y Oswaldo De Jesús Montero Maestre, tesorero y contador de la entidad durante los años 2009 – 2012. A quienes se les acusa de irregularidades en el pago a beneficiarios distintos a los autorizados.
Los hechos fueron revelados en una auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Social, a través de la que se recaudaron las pruebas que evidenciaron el detrimento patrimonial.
Según el ente de control, el desvío de los recursos se presentó a través de la consignación a beneficiarios distintos a los autorizados por la administración de la Regional, entre el 2009 y 2012, por Pérez Jiménez, quien al parecer manipuló el archivo donde se relacionaban todas las obligaciones o compromisos de la entidad.
Dice el informe de la Contraloría que los pagos desviados por el entonces tesorero llegaron también a sus propias cuentas, manipulando los sistemas, “por lo que es clara la existencia de una conducta negligente, omisiva y contraria a derecho en el manejo de los recursos públicos”.
En cuanto a Montero Maestre dice el órgano de control que fue omisivo en el cumplimiento de sus funciones, permitiendo el desfalco por parte de su tesorero, sin adelantar las gestiones de vigilancia y seguimiento oportuno para evitar la pérdida de los recursos.
Asegura la Contraloría que ambos exfuncionarios aceptaron su responsabilidad y en el informe de auditoría se había evidenciado que la Regional Cesar presentaba deficiencias en la elaboración de las conciliaciones bancarias, debido a que los extractos no contenían información suficiente que permitiera identificar la transacción o el beneficiario del pago, “situación que dificultaba la confrontación de la información, con la contenida en los libros auxiliares de los bancos”.
Como resultado de la Auditoría se detectaron irregularidades en los pagos por consignaciones recibidas por terceros distintos a los autorizados por la administración regional.