La Contraloría General de la República lanzó una advertencia por el riesgo físico y patrimonial que hay en el Aeropuerto Alfonso López de Valledupar, debido al estado de la torre de control de la terminal aérea, esto debido a una denuncia recibida por el ente.
De acuerdo con el documento emitido por el ente de control, “los hechos de la denuncia versan sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 13000028-OT en el aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valledupar el cual tiene por objeto el mantenimiento y adecuación de la torre de control… Además se ponen en conocimiento de la CGR ciertas condiciones peligrosas que pueden poner en riesgo la integridad física de los funcionarios aeronáuticos y por consiguiente afectar la seguridad aérea”.
La torre de control está a cargo de la Aeronáutica Civil y según la Contraloría se le comunicó a ésta el inicio de la atención de la denuncia y se solicitó la información pertinente, a lo cual la Aerocivil respondió con 93 folios que contienen información, como copia del orden de trabajo número 13000028-OT suscrita por Clemente Rafael Fajardo Chams director regional Atlántico y Álvaro Lobaton Samper, representante legal del Consorcio Aeropuertos del Caribe; documentación contractual como actas de inicio; acta de recibo final; especificaciones técnicas e informe de supervisión.
Así pues, la Contraloría en la advertencia dice, “es oportuno y conveniente en vista de los compromisos financieros y contractuales manifestados por la Aerocivil a la Contraloría General de la República para mitigar y superar las condiciones en que laboran los controladores del tráfico aéreo en la torre de control del Aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valledupar, por falencia en la estructura física de la misma; advertir que la ejecución de los recursos cuantificados preliminarmente en 35 millones de pesos para la vigencia 2014 y por definir el 2015, son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del aeropuerto (en operaciones aéreas) y las condiciones de seguridad tanto de funcionarios como de los usuarios, entendiéndose que su no inversión acarrearía posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias, en tanto que se compromete la eficiencia y eficacia de los dineros invertidos mediante la OT 13000028”.
Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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