Los elevados sobrecostos que pagó la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, Cesar, en un contrato de alimentos financiado con recursos de regalías, llevaron a la Contraloría General de la República a abrir un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $2.384 millones de pesos contra el ex Alcalde Didier Lobo Chinchilla y los integrantes de la firma contratista, Unión Temporal Servicios Nutricionales: La Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS, Industrias Alimentos y Cathering Catalina S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.
Según reportó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, y al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, la citada Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS ha celebrado contratos similares –de paquetes nutricionales- y para la operación de Programa de Alimentación Escolar -PAE con la Alcaldía del municipio de Becerril, también en el Cesar.
Las irregularidades que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron determinadas inicialmente en una auditoría realizada por la CGR y específicamente al revisar la ejecución del contrato No. 340 del 3 de diciembre de 2012, que suscribió este municipio con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones.
El objeto de dicho contrato era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos y/o en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes, en el municipio de la Jagua de Ibirico.
Según auto número 0006 del 9 de febrero de 2016 de la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, por el cual se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la administración municipal pagó un mayor valor de $3.683 millones en la adquisición de víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, entre otros. Los kit de alimentos presentaron además presuntas deficiencias en materia de calidad.
El daño patrimonial fue determinado finalmente en $2.384 millones, al descontar del valor antes mencionado los gastos de legalización (pólizas de calidad y cumplimiento) y de impuestos, que ascendieron en total a $1.298 millones.
Responsabilidad del exalcalde
Para la CGR, el ex Alcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla, suscribió el contrato 3040 de 2012 con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios “sin verificar de manera estricta el cumplimiento del objeto del contrato, por lo que presuntamente su conducta generó o contribuyó al resultado del detrimento patrimonial”.
Considera el organismo de control que el ex Alcalde, como gestor fiscal, fue quien adelantó un proceso licitatorio (en el cual participó un solo proponente) donde hubo una deficiente elaboración de los estudios previos de mercado, que culminó con la suscripción de contrato de suministro 240 de 2012, “comportamiento que posiblemente desatendió principios de la contratación estatal en detrimento del patrimonio público del municipio de La Jagua de Ibirico, específicamente los de economía y responsabilidad”.
Enriquecimiento injusto del contratista
Así mismo, la Contraloría General de la República consideró que el contratista, la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, se benefició de manera irregular con el mayor valor que se les pagó.
De esta manera –sostuvo- se configura un posible enriquecimiento injusto en beneficio del contratista y en perjuicio del patrimonio público.
Terceros civilmente responsables
La CGR vinculó a este proceso de responsabilidad fiscal, como terceros civilmente responsables, a las compañías de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia y Suramericana S.A.