En Colombia, y en especial en nuestras regiones, da la sensación de que en la ciudadanía existe un alto grado de desconocimiento en cuanto a los mecanismos y procedimientos de control a las entidades del Estado.
Tras una charla reposada con altos funcionarios de la Auditoria General de la República, quienes visitaron a EL PILÓN, y luego de escuchar sus ilustraciones teóricas y ejemplos puntuales, quedó en evidencia que, desde el punto de vista institucional se hace lo que las normas o la constitución nacional ordena, pero la eficiencia y la eficacia de esos procedimientos se han satanizados por parte de los medios de comunicación, de la opinión pública y por muchos estamentos sociales, recayendo tal situación en la falta de credibilidad que hoy tienen los organismos de control en las regiones.
Claro está que sí hay deficiencia y un alto grado de corrupción al interior de muchos de esos organismos como las contralorías departamentales y municipales, por ejemplo, pero plantean los expertos que eso es una cosa y otra distinta es la misión y la finalidad de estas en su concepción institucional, tal como está planteado en la Constitución de 1991, desvirtuarlas o acabarlas sería regresar a la Constitución de 1986, donde casi todas las funciones del Estado estaban centralizadas en Bogotá, concluyen los altos funcionarios de la Auditoría General.
Así las cosas, lo que se requiere entonces es vigilar a los funcionarios que dirigen tales organismos para que se limiten a cumplir sus funciones con absoluta transparencia, con criterios técnicos y cero política, cero compadrazgo y clientelismo en sus actuaciones, algo que hasta el momento parece una utopía.
En ese contexto, la Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal el cual está a cargo del Auditor de que trata el artículo 274 de la Constitución Política, artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 4 de 2019, que otorga facultades para fiscalizar a todas las contralorías territoriales.
Todo ello para ilustrar la necesidad de ejercer control también a los mismos organismos que tienen esa misión, como el que se le va a iniciar a la Contraloría Departamental del Cesar, ente que debió controlar pero tal parece que ha terminado controlado.
EL PILÓN, en su obligación de practicar control social, desarrolló un informe en el que durante dos meses recaudó testimonios a raíz de una denuncia anónima en la que señalaban que desde la Contraloría Departamental estarían presionando a los funcionarios para que entreguen dinero a cambio de no ser sancionados.
Debido a ese informe la Auditoría General envió un correo a todos los sujetos de control de la entidad departamental para conocer si tenían alguna denuncia, ahora para complementar la investigación envió a funcionarios para que mediante una auditoría recauden documentos que permiten investigar las denuncias realizadas.
El proceso apenas comienza y todavía no se sabe en qué terminará esa auditoria, pero por el momento lo que si está demostrado es que nuestros organismos regionales de control necesitan que también sean controlados.