A pesar que la Curaduría Urbana número 2 de Valledupar ha asegurado que la señora Astrid Romero, propietaria del terreno por el cual existe hoy una disputa, presentó la documentación requerida conforme a la ley para la expedición de licencia de construcción, los vecinos continúan con la molestia.
Nubys Rojas y Judith Rojas interpusieron una acción de tutela contra la Curaduría para que según ellas, se les proteja sus derechos fundamentales.
Según el abogado Andrés Felipe Martínez, quien es el apoderado de las señoras, la Curaduría no cumplió a cabalidad con lo que exige la ley. “El Curador Urbano dio una licencia de construcción solo porque cumple con todos los requisitos”, expresó.
El jurista dijo que la Curaduría está reglamenta en el Decreto 1469 de 2010, dentro del cual se dice que se deben hacer unas publicaciones para que los terceros se enteren de la construcción y todo lo que se vaya a hacer, pero en este caso no se realizó.
La Curaduría aseguró que lo notificaron por medio de una valla, pero según el abogado, ésta tiene un error porque la dirección está mal; “además la valla no es el medio para publicar o para dar a conocer a los terceros lo que se va a realizar”, acotó Martínez.
“Son tres lotes y como ellos tiene que notificar a los vecinos, hicieron el cerramiento de lote número dos, para notificarse a sí mismos. Lo que los vecinos reclaman es la falta de la Curaduría, que tiene que salvaguardar estos espacios. El Curador no puede decir que va a dar una licencia porque van a construir en la mitad de la plaza Alfonso López y los papeles están en regla. Él tiene que vincular a la comunidad. En este caso tenía que vincular a todos los del callejón porque sabía que terceros se iban a afectar”, así lo expresó el abogado.
La acción de tutela se realizó en contra de la Curaduría Urbana número dos y vincularon a la Alcaldía de Valledupar, según el abogado para pedir una medida provisional para que el juez, mientras saliera el fallo suspendiera la obra.
“Sin embargo la Juez negó la medida argumentando que a ella le toca verificar si se están violando o poniendo en peligro los derechos fundamentales, y la verdad que nadie va a poner una tutela diciendo que le están causando daño cuando no es así”, acotó.
Andreina Bandera / EL PILÓN
Andreina.bandera@elpilon.com.co