La Corte Suprema de Justicia otorgó una tutela a favor de una comunidad en el Cesar que se oponía a que se erigiera un peaje para financiar una nueva carretera que los conectaría con La Guajira. Los constructores tuvieron que abandonar el proyecto. Con este fallo, la Corte envió un mensaje oportunista: cualquier contribución tiene que ser consultada con los más obligados a hacerla, que seguramente se negarán; además, que si van a construirse vías debe ser con recursos que aportamos todos los ciudadanos, menos beneficiados por las obras en cuestión. Es todo o nada.
Desde 2013 siete proyectos mineros o de prospección petrolera han sido negados por 29.429 votos en sendas comunidades con consecuencias negativas para 48 millones de colombianos. Las consultas previas y populares sobre minas, exploración y explotación de hidrocarburos e hidroeléctricas permiten que surjan personajes que se especializan en movilizar a los pobladores para impedir o, en el mejor de los casos, extorsionar a los inversionistas.
El escenario futuro puede ser el de perder la autosuficiencia energética, dejar al país sin fuentes limpias de electricidad, sin represas para regular caudales o sin materiales para construir ciudades y carreteras. El efecto sobre el Gobierno Nacional y las propias comunidades es reducir los impuestos y las regalías que contribuyen a financiar el gasto público. El interés general queda así subordinado al interés particular.
Este movimiento popular puede fortalecerse si termina impulsado por el nuevo partido de las Farc, precisamente en los territorios más promisorios para el desarrollo de la minería. Los nuevos hechos están causando estragos en la percepción de los empresarios: la inversión en hidrocarburos en el país cayó de US$5.500 millones en 2012 a US$2.170 en 2016, mientras que se disparaba en Perú y Ecuador.
Es cierto que durante la fase de confianza inversionista de Uribe se entregaron muchas gabelas a los empresarios extranjeros, costosas para el fisco, y se descuidó el impacto ambiental que generaban. En 2011, el Gobierno le restó regalías a las regiones productoras a favor de todos los municipios del país, con lo cual estas se dispersaron a la topa tolondra, creando una sólida oposición de las afectadas contra nuevas inversiones en sus territorios.
Para rematar, la corrupción y el desgreño se combinaron para reducir los beneficios que podían derivarse de las regalías, como acabar con la malnutrición infantil en La Guajira o aminorar las carencias elementales en Casanare, Arauca y Putumayo. Los grandes proyectos de la minería del oro, que casi no pagan regalías, han excluido a los informales de sus negocios, propiciando fuertes enfrentamientos.
También es cierto, sin embargo, que en 2013 la renta petrolera aportó un 3,4 % del PIB (unos $30 billones de hoy) al presupuesto de la Nación, pero los bajos precios y la oposición a nuevas inversiones llevaron esa cifra a 0,25 % del PIB en 2016. Los mismos puristas que protestan ahora por el aumento de impuestos y los drásticos recortes del gasto público impiden que se compense con nuevos emprendimientos, para protegernos a todos de un supuesto atentado contra las fuentes de agua. Ellos eliminan la posibilidad de que una minería y explotación petrolera responsables, por las que hay que luchar todavía, contribuyan al progreso material de las mismas comunidades y, no menos, del país. Para ellos, es nada en vez de todo.
Por Salomón Kalmanovitz