En Valledupar siete de cada 10 construcciones en su zona urbana son ilegales, por eso las autoridades estiman que la ilegalidad está en un 67 %, un porcentaje que se obtiene de cruzar los metros cuadrados que sí tienen licencia de construcción frente a la cantidad de procesos por infracciones urbanísticas.
Esta situación genera que el Municipio pierda dinero porque por concepto del impuesto de delineación urbana, estiman que están dejando de percibircerca de cinco mil millones de pesos por vigencia, por lo menos ese es el análisis de lo que ocurrió en el 2016.
La Oficina de Planeación de Valledupar y la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) esperan que este año disminuya el porcentaje de construcciones ilegales para que ingresen mayores recursos por concepto del impuesto creado en el 2012, se generen más empleos, y a su vez se dé un desarrollo urbanístico bajo la supervisión de la autoridad competente.
En el año 2015 las dos curadurías urbanas de Valledupar otorgaron licencias a más de 450 mil metros cuadrados de construcción, pero justo a primero de enero de 2016 existían en la oficina de Planeación un poco más de 400 procesos por infringir las normas de construcción, casos que en su mayoría no han sido resueltos porque no existe un equipo que pueda hacer el seguimiento a la informalidad.
Hoy la decisión –o mejor la intención- es acabar con la informalidad en la construcción. Una buena apuesta que destacamos por el bien de la ciudad. No será fácil que de la noche a la mañana la ciudadanía cumpla la ley y pida permiso y pague el impuesto para levantar incluso una pared, especialmente porque Valledupar (y eso no es nuevo) no cuenta con una oficina de Planeación fortalecida y con la suficiente estructura para hacer este trabajo.
El jefe de la oficina asesora, Aníbal Quiroz, por lo menos se ha mostrado interesado en este tema que no han podido solucionar en otros gobiernos y dijo a EL PILÓN que este año fortalecerán su área e incrementarán el equipo que existe a diez arquitectos y diez abogados para que hagan el control de las construcciones hechas del 2012 a la fecha.
Por eso el reto es rodear la institucionalidad, con el concurso de los curadores, los notarios, la Oficina de Registro, el IGAC, Caracol, los constructores y los gremios de la ciudad para que apoyen la iniciativa que permitiría disminuir la ilegalidad y por ahí derecho fortalecer al sector de la construcción que es uno de los que más genera empleo.
Esperamos que vengan esos controles, las denuncias penales contra las personas naturales o jurídicas que han construido sobre el espacio público o que han falsificado los permisos, como ha ocurrido en muchos casos.
La construcción legal ayudaría a bajar la tasa de desempleo en la ciudad a un solo dígito, porcentaje que hoy se encuentra en un 12.6%. Por todos estos argumentos y otros que seguramente no hemos mencionado, es mejor apoyar la construcción legal.