Si hay algo que caracteriza al Estado colombiano es la lentitud en sus procesos de toma de decisión. Entre dar una orden, por medio de un acto administrativo y convertirla en realidad pueden pasar meses y años, en la forma en que opera el sector público en Colombia, a todo nivel.
Los estragos de la ola invernal ocurrida en el segundo semestre del año pasado, se han convertido en una prueba de fuego para unos funcionarios públicos cuyo tiempo pareciera que transcurriera a una velocidad menor a la de los otros ciudadanos.
Hoy existe la plata en los bancos, hay muchas ayudas en los entes estatales y en las organizaciones no gubernamentales, pero millones de colombianos afectados por el invierno siguen esperando la ayuda estatal, no sólo la de alimentos, medicinas y frazadas, sino también los recursos para invertir en las obras que se requieren para evitar y prevenir que en los próximos meses, – nuevamente- el invierno genere una situación similar o peor. Ni que hablar del tema de la ayuda a los campesinos, agricultores y ganaderos.
El fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional los decretos de la segunda emergencia económica y social, se convertirá en una carrera de obstáculos adicional para el Estado, principalmente para el Gobierno Nacional y el Congreso, que tendrán que planear y expedir una paquete de normas para hacerle frente a la misma, que fue más intensa y fuerte en la Costa Atlántica.
En primer lugar, se requiere la aprobación de una adición presupuestal por 5,6 billones de pesos, que serán distribuidos entre las entidades que requieren recursos con mayor urgencia para hacerle frente a la emergencia, que incluye recursos para la salud, subsidios en servicios públicos, créditos y seguros para los cultivadores, y los que tienen que ver con obras y programas de protección ambiental.
Pero lo más importante es que se le ponga mucha diligencia al giro de los recursos y a todos los procesos que requiere el Fondo de Reconstrucción, el tema administrativo y los procesos de contratación para las obras pendientes; procesos que requieren una mayor diligencia de los Alcaldes y Gobernadores.
Ojalá el Congreso de la República evalúe bien y oportunamente las iniciativas expedidas por el gobierno, con el fin de hacer las obras que se requieren en términos más expeditos, principalmente en la Costa Atlántica, donde más damnificado dejó la ola invernal.
Lo importante, reiteramos, es que los recursos lleguen de manera urgente a las familias afectadas, en las distintas zonas del país, como también a los alcaldes y gobernadores de las zonas señaladas; estos últimos funcionarios también tienen una gran responsabilidad en el manejo de la información y los recursos necesarios para evitar que se repita la misma situación.