Entregó todo lo que le pidieron: diez curules por ocho años y sin un solo voto, emisoras de radio y financiación privilegiada por el Estado que no tiene ningún otro partido político, ingreso de sus miembros a la UNP, quebrarle el espinazo a la rama judicial para crear un tribunal donde escogieron los magistrados y juzgarán a sus enemigos, comisión “de la verdad” para reescribir a su acomodo la historia del conflicto, modificación de la Constitución, lavada de cara nacional e internacional y un tratamiento como si las Farc fueran iguales al Estado.
Además, Santos hizo dos concesiones adicionales que explican la persistencia de la violencia: por un lado, impunidad de iure, vía amnistía e indulto, de los delitos “ordinarios” y, más grave, impunidad de facto para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad es germen de nuevas violencias. Si, adicionalmente, no solo no hay sanción real sino que se rompe el principio de igualdad frente a la ley para tratar de manera más favorable a los criminales que a los ciudadanos de bien, como ocurrió con las Farc, el mensaje ético y social es devastador.
La otra concesión es mucho más difícil de explicar. La negociación se hizo con una guerrilla untada hasta el cuello de narcotráfico, con una mafia gigantesca y muy violenta. Y sin embargo, Santos pactó con esa narcoguerrilla: durante la negociación, suspensión de la fumigación aérea y de la erradicación forzada; después, obligación de concertar con los narcocultivadores antes de erradicar y privilegiar la sustitución voluntaria, incentivos económicos para los cocaleros por 24 meses, suspensión por dos años de las acusaciones penales a los cultivadores, garantía de no extradición para las Farc, y la modificación de la jurisprudencia para tratar el narcotráfico como conexo a los delitos “políticos” y, por tanto, amnistía y el indulto de ese delito.
Finalmente, y esto es aún más grave, no se estableció sanción efectiva por no colaborar. De hecho, no hay un solo caso en que miembros de las Farc hayan entregado laboratorios, pistas clandestinas, rutas, narcocultivos, nombres de sus cómplices, mecanismos de lavado de activos ni, mucho menos, dineros y bienes resultados del narcotráfico.
Por todo eso muchos criticamos ese acuerdo, no porque fuéramos enemigos de la paz sino porque consideramos esas concesiones excesivas y peligrosas. Mostraban un estado débil. Alimentaban la impunidad. Premiaban a los violentos. Establecían un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico. Creíamos que, en lugar de traer paz, alimentarían la violencia.
Es lo que ha ocurrido. El año pasado, en plena aplicación del acuerdo, tuvimos 208.000 hectáreas de coca. La tasa de homicidios aumentó un 6.6%, cambiando la tendencia de disminución de los últimos tres lustros. Márquez y su banda volvieron a la clandestinidad.