En el auditorio de la Fundación Carboandes se desarrolló la tercera mesa de trabajo del Programa Valledupar Cómo Vamos sobre la temática: “Concesiones o Monopolios de Servicios Públicos en Valledupar” con la asistencia de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, UPC, UDES, comunidades indígenas, ONG, concejales y Columnistas de medios impresos. La temática fue desarrollada por el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, en su calidad de observador del desarrollo de las políticas públicas del Municipio y su impacto en la calidad de vida de sus dirigidos.
Para el investigador el tema reviste de una trama jurídica tejida para beneficiar a unos empresarios que no residen en la ciudad, pero con fuertes vínculos y capacidad de lobby en las pasadas administraciones del municipio. Las concesiones son una figura propiciada por la Ley 80 de 1993 en la que se contempla el uso de esta figura para el desarrollo de obras y otras acciones por parte del sector privado, cuando el sector público no está en capacidad financiera de hacerlas.
Interaseo S.A., Concesion Alumbrado Público De Valledupar, Amoblamiento Urbano y el Sistema Inteligente de Transporte y Tránsito, SITT, reciben una cifra aproximada al 57% de los ingresos por esfuerzo propio del Municipio, sin que a la fecha en casi 15 años conozcamos un estudio de impacto serio, imparcial sobre los beneficios que estos servicios ocasionan en la calidad y costo de vida de todos los habitantes de Valledupar. La ciudad en sus respectivos momentos atraviesa situaciones cambiantes en sus indicadores sociales, económicos, políticos y desconocemos el rigor científico que la firma asesora –si existió- utilizó para construir las líneas bases que permitieron a las administraciones de turno impulsar las concesiones de alumbrado público, basuras, paisajismo urbano y movilidad.
Para Urón Márquez, no se entiende como las administraciones aprobaron estos concursos con un solo oferente, con qué eficacia entregaron cartera, comprometieron recursos presentes y futuros y hasta les han permitido operar sin existencia de interventorías. El caso del SITT es solo la punta del iceberg en un sistema que muestra un intento de control sobre las finanzas públicas, evitando su correcta gobernanza y generando perjuicios morales a la ciudad. Estas empresas responden a base de tutelas y otras figuras jurídicas para entregar información sobre el manejo que dan en desarrollo del objeto contractual en gastos e inversión, así como en el manejo de sus excedentes, cuando efectivamente manejan recursos que salen del ingreso personal del contribuyente primario en el pago de impuestos y multas.
Hablan las Juntas comunales
Para los representantes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, la calidad en la luz de las principales avenidas es pésima, la penumbra acompaña largos trechos que propician actos de inseguridad. Solamente los grandes parques de la ciudad fueron objeto de remodelaciones por que el anterior Gobierno Departamental decidió invertir recursos de las regalías en ellos, siendo el ejecutor Amoblamiento Urbano ¿pero a los pequeños parques cuando les toca? se preguntan.
Respecto a la concesión de alumbrado público, varios de los asistentes preguntan cómo opera una empresa privada este impuesto cuando la Ley 1386 lo prohíbe.
Varios de los académicos de la UPC expresaron que es una contradicción que en plena discusión mundial sobre las fuentes de las materias primas en el reciclaje de basuras urbanas, la administración pública, haya entregado al mínimo costo la materia prima sin propiciar la cultura del eco-negocios en nuestra comunidad. Europa, USA y otros países de América Latina explotan con excelentes resultados estas alternativas que corresponden a la sostenibilidad.
José Gregorio Díaz, coordinador del programa Valledupar Cómo Vamos, esta mesa expresa una invitación desde la academia, a las veedurías, al Concejo y a otras partes de interés a exigir a la administración Socarras Reales, mayor transparencia y visibilización en los resultados positivos y negativos de las concesiones. Aún estamos esperando respuestas al análisis por parte de la oficina jurídica y a las comisiones del Concejo al respecto de este asunto. Nos queda claro que las concesiones tienen un comportamiento monopólico, que han creado costos sin alivios en la calidad de vida de los vallenatos, restándonos competitividad, lesionando el bienestar común.