El ambicioso proyecto Hipódromo de San Francisco ubicado en vía La Paz –Valledupar, se ha convertido en una puja jurídica entre dos prestantes familias del departamento del Cesar. Desde días anteriores se adelantaba un desalojo en este escenario, orientado a las apuestas de carreras de caballo, por un pleito sobre el arrendamiento del terreno y ahora la diligencia fue frenada por una acción de tutela.
La tutela la interpuso, Juan Paulo Ovalle Arzuaga, propietario del proyecto que nació con la Resolución número 2015 – 02 – 1284 emitida por la Gobernación del Cesar.
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Esta salió a su favor ayer y fue notificada a la Alcaldía de La Paz y la Policía Nacional como una medida provisional emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Paz.
La diligencia se materializaba en respuesta a un proceso de restitución de bien de inmueble arrendado que instauró Sara Angarita De Ovalle, madre del exgobernador del departamento Francisco Ovalle.
En un documento conocido por EL PILÓN Angarita de Ovalle mediante su apoderado judicial el 18 de diciembre de 2014 instauró la demanda en contra de la sociedad comercial Hipódromo S.A.S., para terminar el contrato de arrendamiento de las 26 hectáreas de la finca Porvenir utilizadas para dicha iniciativa. Y el primero de febrero de 2016 salió una providencia a su favor emitida por un juez promiscuo.
“Ahora el 11 de marzo la familia y la señora Sara Angaria de Ovalle procedió después de tantos años de esperar a realizar el desmonte de las estructuras que tenía el Hipódromo San Francisco que se ordenaron en la diligencia de alzamiento del 23 de agosto de 2016”, explicó Alexis José Oñate, secretario de Gobierno de La Paz.
Sin embargo, la diligencia mostró desagrado de la otra parte pues considera que tiene el amparo legal.
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“Si es cierto que hay proceso jurídico, si es cierto que esos terrenos están liquidados a nombre de la madre de él (del exgobernador) pero yo tengo la posesión y tengo el amparo legal. ¿Qué tienen que hacer ellos? Hacer un proceso reivindicatorio y que un juez les dé la razón pero lo quieren hacer por vía de hecho”, manifestó Juan Paulo Ovalle.
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Esta iniciativa que prometía ‘renacer la hípica en Colombia’ surgió en el 2015 amparado por la Gobernación del Cesar y Coljuegos pues generaría impuestos para las arcas del departamento por concepto de juegos de suerte y azar, los cuales, serían destinado para el régimen subsidiado de salud y hospitales públicos.
Para la época se abrió al público con un permiso de seis meses para preoperación, con contrato a 10 años pero tiempo después el jefe de rentas de departamento del Cesar, liquidó totalmente el contrato de concesión.
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Desde entonces ha habido pleitos jurídicos donde existen resoluciones de un juez y en el que asegura la administración de La Paz que tiene que cumplir.
“Nosotros no somos parte del proceso, ni estamos de parte de un lado ni de otro, estamos como institución que administra el municipio de La Paz. La función del Secretario de Gobierno es velar que no se altere el orden público. La tutela hay que darle cumplimiento porque es emanada por un juez ya el asesor jurídico está proyectando el oficio para hacerlo llegar a las instalaciones del hipódromo y darle cumplimiento a la medida”, puntualizó Oñate.