Al malestar, impotencia y desilusión de un gran sector de los jóvenes del corredor minero del Cesar, por la falta de oportunidades laborales para ellos, ahora se suma el radical anuncio de “no más carbón” por parte del presidente Gustavo Petro.
Esta declaración del presidente Petro acabaría con cualquier posibilidad de reactivar algunas minas del Cesar que en estos momentos están paralizadas y de paso restringe aún más alguna opción de empleo para ese grupo de jóvenes que se prepara para protestar y exigir que se les tenga en cuenta por parte de las empresas mineras. Pero no solo se les cerrarían las oportunidades a los jóvenes, son muchos los eslabones de la cadena productiva los que se verán afectados.
No se trata de un tema superfluo, estamos ante un asunto de grueso calibre para la economía del departamento del Cesar y sus alrededores que en un 50 % depende del carbón. El Gobierno nacional, mediante los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía ha elaborado un proyecto de resolución por medio del cual declarará a las minas La Jagua y Calenturitas como áreas reservadas a la protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, lo cual afecta de manera directa a los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico.
Ante esto, vuelve a retomar vigencia el concepto y análisis en retrospectiva de que la dirigencia gubernamental pudo haberse equivocado al “poner todos los huevos en la misma canasta” y dejar morir otros renglones importantes de la economía regional.
Es innegable el impacto negativo que representa para las finanzas públicas y para la ocupación laboral la disminución de la actividad minera en el Cesar. En contraste, tendrán que surgir nuevas ideas para reactivar la economía y los miles de empleos que se derivan del carbón, el problema es: ¿cómo hacerlo?, ¿cómo devolverles la esperanza a esos jóvenes que ilusionados y con mucho esfuerzo se prepararon para trabajar en la minería?
También está en juego la defensa del medio ambiente que es el principal argumento del Gobierno nacional que busca “evaluar técnicamente alternativas para la prestación de servicios públicos, transición energética y diversificación productiva” y cumplir así los acuerdos internacionales.
El debate está servido, al respecto, el Gobierno tiene previsto para el sábado 24 de agosto de este año recoger observaciones, comentarios, propuestas de la ciudadanía y gremios sobre ese proyecto de declaratoria de reservas ambientales.
Frente al clamor de los jóvenes, en primera instancia habría que preguntarles a los alcaldes mineros ¿qué gestiones, programas y acciones han desarrollado para abrirles a ellos espacios laborales o cualquier otra oportunidad? Por ahora solo se conocen algunas iniciativas en ese sentido de la administración municipal de Becerril que ha propiciado una rueda financiera con participación de 10 entidades bancarias que ofrecerán microcréditos y servicios a los jóvenes, mujeres emprendedores y empresarios de la región, además de formular un plan turístico que permita generar empleo a la gente joven.
Para esos jóvenes formados como profesional y como técnicos para la actividad minera, pero que no han podido laborar por falta de experiencia, los municipios carboníferos deben ponerse a la tarea de diseñar políticas de inclusión laboral que abarquen convenios para programas de pasantías y prácticas profesionales, mentorías y tutorías, proyectos de emprendimiento, entre otros.