Un grupo de campesinos víctimas del conflicto armado se plantaron la mañana de este martes a las afueras de la sede territorial Cesar-La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en la ciudad de Valledupar, con carteles y ataúdes que simbolizan la muerte de quienes han partido esperando recuperar sus predios.
Los manifestantes aseguraban que la entidad ha tardado mucho en los diferentes procesos que debe desarrollar para definir para que les devuelvan las tierras despojadas por los paramilitares. En medio del acto de protesta, Celiar Lemus Santiago, un campesino, aseguró que tiene alrededor de 20 años luchando por la finca Las Planadas, ubicada en la vereda La Guarumera, municipio de La Jagua de Ibirico.
Finca en La Jagua
“El día que me la iban a entregar, la abogada que me pusieron aquí se paró y dijo que no porque la finca estaba en sustracción y hasta que no saliera la sustracción no me lo entregaban y así me han ido llevando, me lo han tratado de entregar como cuatro veces, la última vez yo le dije a la abogada ‘yo soy una persona muy pobre, tengo familia y vivo del día jornal, quiero que me diga la verdad porque ya van 5 o 6 años en eso’”, contó Lemus.
Ante la presunta complicación de la sustracción de la finca de un área de reserva, el ciudadano asegura que le propusieron aceptar un predio en otro sitio o reparación económica. “Pero me dijeron que la Unidad de Restitución no tenía predios en ese momento, pero plata sí había y yo me fui por la plata, pero ya van 5 meses y la plata nada, pero yo ahorita quiero es mi finca porque me incumplieron y yo tengo la sentencia”, agregó Lemus.
En San Diego
Augusto Jesús Gonzalo Daza también expuso su caso en el terreno El Descanso, en San Diego de las Flores, la cual ha buscado recuperar desde el 2003 junto a sus hermanos. El hombre asegura que el proceso lleva una década en la etapa administrativa, “pero no resuelven, ahora dicen que no hay plata para ir a medir ahí cerquita”, afirmó a EL PILÓN. Gonzalo Daza recuerda que ese terreno lo heredó de su padre, pero fueron desplazados por el grupo ilegal. Mientras no se resuelva el destino del predio, este permanece ocupado por un tercero.
Por su parte, Germinson González Guillén manifestó que el reclamo de su predio ubicado en la región de Badillo permanece en etapa judicial desde hace 4 años. “Lo único que me están diciendo es ‘espere’, ‘espere’, pero podemos morir porque ya somos personas adultas, propensos a infartar en cualquier momento y quedamos esperando”, exclamó.
Explicación de la URT
Mientras este grupo de personas protestaban, la URT desarrollaba la primera Mesa Campesina con víctimas del Cesar y La Guajira, en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, desde donde la directora de la entidad, Astrid Navarro, precisamente explicaba los factores que retrasan los procesos, entre ellos problemas de seguridad en los territorios, amenazas a las víctimas y oponentes a los procesos.
“Cuando hay temas de inseguridad fuertes nosotros no podemos ir y todo eso nos va atrasando, dentro del proceso de restitución de tierra, cada día estamos viviendo muchas situaciones donde a las víctimas las están revictimizando, solicitantes que están recibiendo amenazas en las diferentes etapas”, expresó Navarro.
Sobre los retrasos en la etapa judicial, la funcionaria expresó: “En esta etapa vienen las audiencias, entrega de pruebas, ahí entran los terceros, los opositores, es decir, las personas que están en el predio que se está solicitado en restitución, pero que también tienen derechos y nosotros tenemos que caracterizarlos, identificarlos, y hay que defenderse, pero cuando un predio no tiene opositor es más rápido el proceso”.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN