REDACCIÓN/EL PILÓN
Las comunidades wayús del departamento de La Guajira siguen atravesando la odisea de tener que padecer por el líquido vital, situación que se registraría por causa de deficiencia en los recursos humanos, falta de presupuesto y poca inclusión de la comunidad en el proceso de restitución de derechos, factores que seguirían golpeando a estas comunidades de esta parte del país.
El Estado de Cosas Institucionales (ECI) es una decisión judicial que se toma cuando existe un conjunto de acciones de tutela originadas en similares circunstancias, en las cuales se declara que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales. Esta fue declarada hace más de cinco años en esta parte del territorio nacional, frente a la protección especial del agua, sin embargo, la problemática continúa.
En mayo de 2017 la Corte emitió la Sentencia T-302 con 210 órdenes para que 25 instituciones trabajaran por la protección de los derechos al agua del pueblo wayú, y también a la alimentación y a la salud, entre otros. Desde entonces la mortalidad infantil asociada con la desnutrición no ha cesado: 34 niños por cada 100.000 habitantes y sigue siendo superior a la media nacional 4,6.
“El problema del agua es un asunto no solo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino que también incluye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por la grave situación de los niños, a las alcaldías de los municipios y a la Gobernación, pero estos no se unen para hacer que las medidas sean efectivas”, afirmó Paula Valentina Parra Leal, trabajadora social.
Por otro lado la sequía y las altas temperaturas que se presentan en el país por el fenómeno de El Niño impactan de manera dramática a los wayú, quienes buscan agua desesperadamente, hasta debajo de la tierra, en pozos profundos o jagüeyes. Pese a ello, pareciera que la situación sigue pasando desapercibida para el país y la región, en especial para sus instituciones nacionales y locales.
“Las instituciones locales, regionales y nacionales toman medidas individuales que generan acciones dispersas y poco efectivas en la garantía del derecho al agua. Aunque existe una barrera geográfica por las características propias de la región, esta se acentúa al no existir un verdadero empalme entre las distintas instituciones”, resaltó Parra.
De acuerdo con la profesional, para superar la crítica situación se considera que se requiere de esfuerzos continuos en el seguimiento y la supervisión por parte de los gobiernos y la sociedad civil, con el fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y la protección de los derechos.
Por otra parte, plantea la necesidad de que la comunidad sea protagonista en la implementación de medidas focalizadas en los indígenas wayúu, argumentando que “las distintas vulneraciones que se evidencian en la región requieren de un enfoque étnico para que se generen soluciones que perduren a lo largo de los años y que estén en pro de la persistencia cultural de la comunidad indígena”.
Parra Leal, concluyó asegurando que, “es necesario evidenciar la influencia del extractivismo en el departamento sobre la situación actual del agua. Aunque se deben reconocer las características propias del territorio que dificultan el acceso al agua, históricamente ha existido un enorme incremento en esta vulneración gracias a la priorización de los gobiernos hacia la explotación minero-energética que ha causado el desvío de las fuentes hídricas y su contaminación”.