El pasado 29 de octubre, Leonardo José Mestre Socarrás fue elegido concejal de Valledupar con 3.116 votos (preconteo). Avalado por el partido Conservador, Mestre volvió al Concejo tras cuatro años ‘fuera’ de la política y defendiéndose dentro del proceso que siguen en su contra por la presunta participación en el ‘Cartel de la chatarrización’.
Recomendado: Tras cinco años: no arranca juicio oral por ‘Cartel de la Chatarrización’ en Valledupar
Leo Mestre fue capturado en el 2017 siendo concejal y luego dejado en libertad en el 2018, acusado de dirigir junto a otros funcionarios de la Secretaría de Tránsito un desfalco por el orden de los $2.310 millones.
El proceso judicial no ha registrado avances en los últimos 6 años. Desde el 2017, cuando se vinculó a los exfuncionarios al proceso penal, el caso se encuentra en la etapa preparatoria. En esta fase las partes deben compartir todas las pruebas que harán valer en el juicio oral.
Debe leer: Dilatan acusación contra implicados en el ‘Cartel de la chatarrización’
“TENGO AFÁN QUE AVANCE”
EL PILÓN dialogó con el concejal electo. Leo Mestre aseguró que “ya está demostrado que no hubo ningún peculado de $2.300 millones”, como inicialmente se le acusó. “Tengo el convencimiento absoluto de que soy inocente. Me imputaron cargos como funcionario público sin yo serlo. La imputación dice que yo era funcionario de la Secretaría de Tránsito a diciembre de 2015, y fui funcionario de la Secretaría hasta mayo del 2014”, sostuvo Mestre.
En su opinión, este pleito judicial no impide el ejercicio de sus funciones como concejal. Además, dice tener pruebas para demostrar su inocencia. “En las audiencias de imputación simplemente leyeron unos cargos, pero no se pudo hacer la aclaración. Las pruebas las mostraremos en el juicio, por eso el más afanado que el proceso avance soy yo”, concluyó.
Debe leer: Sin mujeres: estos son los nuevos concejales de Valledupar
CONTEXTO
De 2014 a 2015, la Secretaría de Tránsito de Valledupar radicó documentos para que 52 carros fueran sometidos al proceso de chatarrización del Ministerio de Transporte, quienes pagaban entre $35, $50 y hasta $70 millones a cambio.
El objetivo era modernizar el parque automotor de carga y sacar de circulación los vehículos viejos y obsoletos que generaban contaminación. Pero según la Fiscalía, esos vehículos no cumplían con los parámetros establecidos por el Estado, entre las que se encontraban que el vehículo estuviera registrado en el Runt, estuviera activo en la prestación de servicio, libre de gravámenes, tener un peso de 10.500 kilogramos, entre otros.