El 16 de junio de 2015 el Congreso de la República dio vía libre a la Ley Anticontrabando que tiene como propósito prevenir, controlar y sancionar el contrabando y evitar el lavado de activos y la evasión fiscal. Desde esa fecha hasta ayer, se registraron manifestaciones en diferentes ciudades del país para evitar que el presidente Juan Manuel Santos sancionara dicha Ley, como finalmente ocurrió ayer.
Mientras algunos dicen que la Ley sería la solución al problema que viven diversos sectores de la economía colombiana ante los productos provenientes de Venezuela y otros países vecinos, la mayor parte de los comerciantes en la capital del Cesar manifiestan que este sería el fin de su sustento diario. Respecto a este tema el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en días anteriores que el proyecto no afectará a los pequeños comerciantes y tampoco desmontará los beneficios adquiridos por las Zonas de Régimen Aduanero Especial.
Va a aumentar la corrupción
“A los asesinos los premian y a los trabajadores les dan cárcel”, dijo Álvaro Pinto, comerciante del centro de Valledupar, inconforme por las medidas del Gobierno Nacional.
“Las leyes no pueden pasar por encima de las personas, lo más grave de todo es que pretendan colocarme a mí como si lavara activos cuando yo no estoy inmerso en esa situación, las Farc están asesinando policías todos los días, civiles, volando los oleoductos y para ellos el gobierno dice que va a haber perdón, que no irán a la cárcel”, apuntó Pinto.
Por su parte Cristian Acevedo, otro comerciante de la ciudad, dijo que está en la incertidumbre pues aunque el presidente Santos dijo que no afectará a los pequeños comerciantes, el escenario es otro porque “somos minoristas, dependemos de quienes nos venden, nos sabemos si la mercancía viene o no de contrabando, los grandes almacenes de cadena se quieren quedar con el negocio, es la realidad de todo”.
Bondades de la Ley
La ley adecua la normativa para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la defraudación fiscal y el favorecimiento de esas conductas, dice el comunicado de la Presidencia de la República.
El comunicado destaca que la nueva legislación considera el contrabando como una conducta constitutiva de lavado de activos, además endurece las penas y fortalece las herramientas de las entidades involucradas en la lucha contra el contrabando, como a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
El presidente Juan Manuel Santos especificó que la sancionada ley anticontrabando es un instrumento eficaz para preservar el empleo formal y perseguir el lavado de activos que nos venía pidiendo con insistencia los empresarios e industriales.
Además de la Ley anticontrabando, la de feminicidio, la de agronomía del caucho, la de honores a José Francisco Socarrás y la ley estatutaria de participación democrática.
“Estamos luchando contra un fenómeno que destruye cerca de 350 mil empleos y por el cual el país deja de percibir seis mil millones de dólares al año, equivalentes a dos puntos del PIB nacional”, argumentó el presidente Santos al referirse a la sanción de la ley anticontrabando.
Esta es una norma que ataca principalmente a los grandes contrabandistas, a esos que les hacen el trabajo de lavado de activos a los narcotraficantes, explicaba el informe de la presidencia.
“Hay que ser muy claros y así lo repetimos una y otra vez, esta ley no es contra los pequeños comerciantes, ni afecta a los que trabajan en la legalidad, como dicen quienes quieren enfrentar al Gobierno con los comerciantes por razones políticas”, expuso.
Los cinco pilares de la ley aprobada se basan en un endurecimiento de las penas y tipos penales, en la unificación del régimen sancionatorio del impuesto al consumo para todos los departamentos y el Distrito Capital, las modificaciones de las leyes comerciales para mejorar la información sobre la actividad empresarial, el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la lucha contra el contrabando como Dian, Polfa, Uiaf, Invima y el ICA, y en la conformación de una Comisión Interinstitucional, rectora de la política anticontrabando.
En lo penal la novedad radica en la inclusión del contrabando como una conducta constitutiva de lavado de activos y el aumento de las penas.
Según el Ministerio de Hacienda esto significa que quien incurra en estas actividades no solo deberá responder por el delito de contrabando, sino que será también responsable de una conducta típica adicional que es el lavado de activos, siempre que la finalidad sea encubrir u ocultar el origen ilícito de estos bienes.
En la actualidad el Código Penal contempla penas entre tres y cinco años cuando la mercancía sea de cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de cinco a ocho años cuando la cuantía sea mayor a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, con esta ley, esas penas para el contrabando de mercancías aumentan hasta en cuatro años; llegan a unos máximos de 8 y 12 años.
“Nosotros que estamos dando empleo, contribuyendo con impuestos nos van a dar cárcel sin haber derramado una gota de sangre”, comerciante Álvaro Pinto.
Letty Polo Thomas
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