Lo que mal comienza mal termina, dice un viejo adagio; el mismo viene como anillo al dedo para resumir lo que acaba de suceder con la llamada reforma a la justicia, que hoy, paradójicamente, tiene al país en un limbo jurídico.
En varias ocasiones nos habíamos referido al proyecto de acto legislativo, conocido como la reforma judicial, para advertir que el mismo no solucionaba los graves y serios problemas que tiene la administración de justicia en Colombia, como la congestión, la falta de oportunidad y transparencia. Además de las conocidas fallas de ineficiencia, corrupción y politiquería que hoy afectan a buena parte de esa rama del poder público.
El proyecto de reforma había sufrido una verdadera mutación, cuando en lugar de tratar de buscarle salida a los problemas antes señalados, se convirtió en una serie de privilegios para los magistrados de las altas cortes y también para los congresistas, quienes quedarían virtualmente blindados y atornillados a sus curules, como consecuencia de la nueva normatividad.
Lo que sucedió la semana pasada, cuyo desenlace aún es impredecible, demuestra la manera irresponsable como se legisla en el país. A una iniciativa que tenía las fallas antes señaladas, y que no respondía a las expectativas del país sobre tan complejo tema, se le suma una serie de errores y omisiones del ejecutivo y el legislativo, que sólo sirven para aumentar la desconfianza en algunas instituciones y en algunos funcionarios y congresistas. Que un grupo de parlamentarios se reúnan para realizar la conciliación de un acto legislativo y lo hagan de manera casi clandestina y a espaldas del ministro del área, en este caso el de justicia, es grave y peor el texto conciliado. Y más grave aún que los otros congresistas reconozcan que aprueban textos que no han leído y analizado. ¿Qué es eso?.
Igualmente, es preocupante la actitud del Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, quien, al parecer, no leyó y estudió los textos producto de la conciliación de manera suficiente y oportuna, y salió primero a felicitar a los parlamentarios que habían perfeccionado el engendro que hoy tiene sorprendido al país, para luego decir que no sabía y que fue asaltado en su buena fe… Lo mínimo que podía hacer el Ministro era renunciar, como ya lo ha hecho.
Consideramos que lo mejor que le puede pasar al país es que el Congreso no promulgue el acto legislativo señalado, como lo ha solicitado el Presidente Santos y distintos sectores políticos del país. Y en caso de que sea promulgado, le corresponderá a la Corte Constitucional revisar el acto, a todas luces inconveniente desde el punto de vista político y jurídico, por sus implicaciones en distintos órdenes, una de ellas es la afectación de investigaciones en curso contra varios congresistas.
Sobre este importante tema tendremos que referirnos en varias ocasiones, por la importancia de la reforma mal concebida, pero también por la gravedad de lo sucedido, cuyas consecuencias políticas y jurídicas aún se desconocen. El daño a la institucionalidad ya está hecho y crece el desprestigio del Congreso y es evidente el golpe político para el gobierno del Presidente Santos.