El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, planteó la necesidad de revisar la política de subsidios para los combustibles que se aplica en las zonas de frontera, para ser optimizada, dado que la asignación de cupos resultó ser un mecanismo costoso e ineficiente, que no ha disminuido el contrabando y sí ha creado incentivos para que se den prácticas ilegales como llevar el combustible subsidiado a otras regiones, donde se venden a mayor precio.
Al intervenir en la Cumbre Empresarial “Responsabilidad del Sector Privado en la Lucha contra la Corrupción, en el Auditorio de la Procuraduría General de la Nación, el Contralor Maya Villazón reveló los resultados de un Estudio Sectorial sobre el tema (“Incentivos fiscales a las fronteras de Colombia. ¿Es hora de reemplazarlos”), elaborado por la Contraloría Delegada del Sector de Minas y Energía.
“A pesar de los 16 años de vigencia de la política de cupos, no parecen existir datos que apoyen la idea de mejores condiciones económicas, gracias a los descuentos de sobretasa, IVA e impuesto nacional en los combustibles en las zonas de frontera”, enfatizó el Contralor.
Por otro lado, es que existen incentivos para la comercialización de los cupos de combustibles adicionales a los contemplados en la metodología de cálculo y que estos no se corresponden con la finalidad de la política, aseguró.
Entre tales incentivos están: arbitraje de combustibles, lavado de contrabando desde Venezuela y contrabando técnico (llevar combustibles baratos de las Zonas de Frontera al interior).
En octubre de 2015 el Contralor Maya Villazón lanzó una alerta pública ante indicios de que los aumentos del cupo subsidiado de combustible en las regiones fronterizas con Venezuela se estaban aprovechando para prácticas de contrabando técnico, de tal forma que la gasolina y diesel subsidiados por el Gobierno iban a parar a otras regiones del país, donde se pueden vender a mayor precio.
En consecuencia, en algunas ciudades de zona fronteriza, en los primeros 20 días se agota el combustible en las estaciones de servicio y a los conductores de los vehículos les toca soportar grandes filas, teniendo que pagar los combustibles al mismo precio del interior del país.
Las estadísticas del Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME) muestran que hay 5.484 Estaciones de Servicio de Combustibles funcionando en el país y de estas 1.126 operan en Zonas de Frontera equivalente al 20,53%.
Esta es una cifra alta si se tiene en cuenta que la característica más destacada de estos territorios fronterizos es que pese al potencial económico de su ubicación, son zonas con alta dispersión de población, bajos índices de desarrollo económico muy inferior al promedio nacional y altos niveles de informalidad aportan el 10,52% del PIB y tienen el 9,1% de la población.
En las Zonas de Frontera hay más Estaciones de Servicios por habitante que en el resto del país. En las zonas no fronterizas del país se tienen 9.78 estaciones por cada 100 mil habitantes, mientras que el mismo indicador para las Zonas de Frontera es prácticamente el doble: 18.21.
Para el Contralor Edgardo Maya Villazón, la política en materia de cupos de combustible en zonas de frontera debe ser mejorada, pues la carga fiscal asociada no se justifica a la luz de los resultados identificados en temas de contrabando.
De acuerdo con el estudio que realizó la Contraloría, la política pública de cupos de combustible en zonas de frontera tiene un costo de oportunidad de $1.040 millones anuales para que las zonas de fronteras no pierdan $288,13 millones anuales, lo que significa que es una política onerosa y bastante ineficiente.
“De la misma forma que en el caso de los subsidios a los Combustibles en Zonas de Frontera, pueden existir otras iniciativas estatales que continúan ejecutándose, consumiendo recursos y cuyos resultados probablemente no se vayan a lograr”, concluyó el Contralor General de la República.