En lenguaje boxístico, la pera loca es ese muñeco inerte que utilizan los boxeadores para entrenar porque puede recibir todos los golpes sin que ocurra nada. Así le sucede a Colombia con el negocio del narcotráfico internacional. Pudiéramos decir, también, que servimos de sparring para que los carteles del mundo desarrollado hagan sus prácticas comerciales, en territorio patrio, con la cocaína.
El Estado colombiano se ha sometido a este oprobio tal que la ha incorporado, como política estatal, la represión para todo el que de una u otra forma participe en este lucrativo negocio, obedeciendo las normas que los EE.UU quiera imponerle.
Gran parte de las preocupaciones de nuestros gobiernos se diluyen pensando en cómo ejercer control sobre este flagelo impuesto desde los lados del gran consumidor internacional cuyos efectos sociales solo se miran en los sitios de producción dónde ocurren la muerte y el terror.
El incremento en el área sembrada tiene nervioso al próximo gobierno que utilizará esta situación como bandera, desviando la atención de los problemas propios del país. El viaje de Iván Duque a los EE.UU tuvo como uno de sus objetivos, rendirle cuentas y propósitos abyectos al gobierno gringo, experto en sofocar a las mafias y obreros del narcotráfico allende sus fronteras pero que nada hace para castigar sus propios traficantes; la lagaña en el ojo ajeno.
La amenaza de una desertificación es más temida por nuestros gobiernos que el asesinato sistemático de líderes sociales o que una epidemia mortal. Parece que el delito del narcotráfico solo opera entre los centros de producción y las fronteras de los países consumidores; entregada la mercancía a sus destinatarios, desaparece el delito.
No he visto judicializar al primer cartel gringo y con seguridad deben existir; son estos los que compran el producto y lo distribuyen, son los verdaderos mayoristas; los jíbaros son muchachos de mandado y la cara visible del negocio, por lo general negros y latinos. Pero, ¿quién responde por los opioides y otros productos más poderosos que la cocaína, fabricados legalmente en los laboratorios del mundo industrial? ¿Quién responde por el desplazamiento de nuestros campesinos y por el envenenamiento de nuestras fuentes hídricas con glifosato y precursores químicos? Hacemos el papel del bobo: mientras haya consumo, habrá quién cultive coca, esa es la ley del mercado. Necesitamos una política autóctona para tratar este mal.
Por: Luis Napoleón de Armas P.