La principal fuerza opositora del Gobierno Duque quedó sin dientes luego de que la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, dejó al movimiento político Colombia Humana, de Gustavo Petro, sin acceso a los derechos consignados en el estatuto de oposición.
Con esta polémica decisión, quienes integraron el CNE para el periodo 2014 – 2018, aplazaron temporalmente el reconocimiento de la personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos que impulsó la candidatura presidencial de Gustavo Petro en las elecciones pasadas, en las que el exalcalde de Bogotá consiguió 8 millones de votos, lo que le otorgó representación en el Congreso de la República. Así es de paradójica la democracia.
Con votación de cinco contra dos, que no es suficiente para tomar una decisión de fondo, porque se necesitan seis, fue aplazada la diligencia que quedará en manos de los nuevos magistrados del CNE, que serán elegidos el próximo 29 de agosto.
El pulso político lo sigue ganado la alianza de Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que recientemente impuso a Carlos Felipe Córdoba como contralor general de la república. Quienes votaron en contra de no otorgar la personería jurídica son: Felipe García Yolima Carrillo, Ángela Hernández, Gloria Inés Gómez y Emiliano Rivera; mientras que a favor lo hicieron Armando Novoa (Alianza Verde) y Alexander Vega (Partido de la U).
Aunque cabe un recurso de reposición para revisar la decisión tomada, la elección de un nuevo CNE está en camino y la resolución quedará en manos de los nuevos magistrados.
Entre las razones para negar la personería jurídica, se conoció que los miembros del CNE basaron su decisión en que Gustavo Petro llegó al Congreso de la República en nombre de una convergencia de sectores políticos que ya tenían personería jurídica, como la ASI y la Unión Patriótica (UP).
Así las cosas, el senador Gustavo Petro y la representante Ángela Robledo se quedarían sin reconocimiento y sin garantías como oposición por lo que resta del año, pese a la histórica votación que obtuvieron en las pasadas elecciones. Como están las cosas será poco lo que podrá hacer la oposición sin la financiación estatal del funcionamiento del partido, sin el derecho a réplica al Gobierno, cuando este haga alocuciones presidenciales o se refiera al partido opositor, sin acceso a medios públicos y privados, tampoco a información y documentación oficial; sin participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular, entre otros beneficios.
Consideramos que por el bien de los colombianos es mejor que la balanza del poder político esté equilibrada, siempre con un contrapeso, porque democracia sin oposición puede ser considerada dictadura.