Por: Luis Napoleón de Armas P
El panorama del país del Sagrado Corazón de Jesús tiene signos apocalípticos; pero no es por el diluvio que nos azota, típico de esos cambios de ajuste que la naturaleza sufre, una especie de penitencia natural. En este fenómeno, el hombre ha incidido pero nada puede hacer para evitarlo. Hay que esperar que los elementos se sincronicen para comenzar una nueva etapa. Lo que debe preocuparnos es el desmoronamiento moral progresivo que está sufriendo el mundo, y Colombia, sí que está siendo afectada. Las tragedias naturales desvían la atención donde estaba concentrada para que por algunos días nos olvidemos de los asaltantes del erario; estos acontecimientos son como la noche para los vampiros. Frente a la oscuridad cómplice de los medios de control, del ejecutivo patrocinador y parásitos sociales, mientras Colombia dormía la siesta después de la guerra, desvalijaron la alcancía de los desplazados que esperaban recomponer sus vidas con los organismos diseñados para ese fin, dentro de los que se encuentran Fondelibertad y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), instituciones que se repartieron como naipes lo que los mas pobres de Colombia habían alcanzado por generaciones; esa es como la prolongación de la guerra por otros medios. Y no son rateritos de calderos, son figuras que presumen de impolutas, que han amasado sus fortunas con la sangre y el dolor de los campesinos; la tenencia de la tierra, es causa y razón de muchos de nuestros males. Por fortuna, al fin han sido pillados y exhibidos por los medios; los vivos son poco inteligentes. Transparencia por Colombia muestra cuales instituciones le jalan al crimen encubierto; los niveles de riesgos de corrupción, poco a poco se están conociendo. Casi la mitad de las instituciones del país están ubicadas en niveles de riesgos alarmantes. Es curioso que el Senado de la República, el templo del poder legislativo, el que da el cuerpo normativo para la conducción de las acciones del Estado y de los ciudadanos, encabece la lista de alto riesgo de corrupción. Muchos de los usufructuarios de las
instituciones nombradas tienen su guarida en el Senado y desde allí estuvieron taponando la ley de víctimas, lo que indica que ellos también son victimarios; hoy son cuestionados por el fraude a DNE ¡Qué vergüenza! No contentos, han reaccionado con violencia frente al gobierno porque creen que sus canonjías pueden correr peligro. Algunas corporaciones regionales como las del Chocó y Risaralda se encuentran en este parámetro; igual las universidades del Cesar, Córdoba y Sur Colombiana. La ley 30 de 1992, he sostenido, le ha hecho más mal que bien a las universidades de provincia; este espacio de autonomía lo aprovechó el paramilitarismo que. bajo la fuerza imponían rectores, administraban contratos y burocracia, pasando, incluso por encima de la vida. Asistían de civiles a los consejos superiores, pero se dejaban ver los brazaletes y estos sí que intimidaban. Difícilmente, la universidad pública que haya caído en este campo, podrá tirar las anclas de la recuperación moral. Los consejos superiores heredaron esas prácticas de tierra arrasada; allí no se trazan políticas universitarias sino esquemas de repartición. En el caso de la UPC, que tanto quiero, ayudé a fundar y a construir, estoy seguro de que el doctor Maya asumirá un compromiso serio de restauración moral, académico y de decencia. Por donde quiera se le mire a la UPC, muestra fallas de gestión; el Observatorio de la Universidad Colombiana, hizo una evaluación del sector bajo 17 variables estableciendo una calificación tope de 100 puntos. La UPC obtuvo 36.5 puntos, por debajo de las universidades de Sucre, Bolívar y de La Guajira. No basta tener muchos grupos de investigación acreditados; esa es apenas una labor necesaria pero lejos de ser suficiente. Estas cosas es mejor decirlas que callarlas; al fin, la universidad debe ser el centro del debate.
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