Por: Raúl Bermúdez Márquez
Pasquines insultantes y difamatorios contra unos profesores, amenazas de muerte, a través de internet, contra otros, estigmatización de cualquier actividad legal estudiantil realizada por organizaciones independientes como “promotoras de la subversión”, despidos a diestra y siniestra de docentes y empleados, terror entre los funcionarios y trabajadores que se han mantenido, hasta ahora, por el temor de que les llegue el turno de ser esguazados por “la perra”, -calificativo con el que algunos jefes bautizaron a las declaratorias de insubsistencia, y que por lo general la sueltan cada viernes, víspera de puente-, maniqueísmo (zanahoria para los “amigos” y garrote para los “enemigos”), son, entre otros, los signos desalentadores del actual clima organizacional de la Universidad Popular del Cesar.
Se pudo estar en desacuerdo con muchas de las decisiones académicas y administrativas del anterior rector en propiedad, José Guillermo Botero Cotes, pero lo que hay que reconocer es que durante su gestión la situación de derechos humanos en la UPC siguió el rumbo que se trazó desde el 1 de julio de 2004, cuando este columnista fue encargado por ocho meses de la rectoría: respeto por la opinión ajena y garantías para que la libre expresión fuera el faro que iluminara el diario acontecer de la institución universitaria.
Y es que no puede ser de otra manera, universidad donde se recorten las libertades democráticas fundamentales, es un remedo de universidad. Y el ejemplo cunde. Cuando un rector, que se supone es la primera autoridad académica y administrativa de la universidad, no sufre el más mínimo rubor para expresar que “soy capaz de dar leche, pero plomo también”, como lo hizo el actual rector de la UPC, Raúl Maya Pabón, en una reunión con los profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas…
¿Qué se puede esperar del resto de los mandos? Y no es un caso aislado; el lenguaje amenazante se ha vuelto su receta favorita. En otra oportunidad, nos citó a varios profesores en el auditorio de la IPS de la sede de Sabanas para analizar las implicaciones de doce resoluciones de retiro de servicio al mismo número de profesores, y la introducción que hizo a la misma, fue: “Que conste que vine solo y desarmado”. Muchos de los presentes, nos miramos perplejos, como preguntándonos, ¿Y cuando a una reunión entre académicos, se llevan armas?.
Por eso la situación de miedo y desazón que se vive en la UPC no admite disquisiciones engañosas sobre “fuerzas externas” que quieren desestabilizar. El problema es interno; un estilo de administración que se solaza con la adulación, pero que le produce urticaria el libre pensamiento, y entonces se vuelve agresivo. La comunidad académica upecista, al unísono, debe reaccionar ante el peligro que representa el retorno a épocas aciagas y difíciles que le representaron a los estamentos básicos, profesores y estudiantes, el asesinato de varios de ellos y el destierro forzado de otros. La situación de tensión actual, parece una reedición de los meses que precedieron a los crímenes de los profesores Miguel Ángel Vargas Zapata y Luis José Mendoza Manjarrés. En nombre de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), seccional Cesar, de la cual soy miembro, alertamos e instamos al mismo rector, al Consejo Superior, al Gobernador del Cesar, al Alcalde de Valledupar, así como a las autoridades legalmente constituidas, para que pongan su granito de arena y se actúe en favor de que la tranquilidad retorne a nuestra alma máter universitaria.
Como señalaba el Tío Chiro en su columna del miércoles pasado, ojalá esto suceda “antes de que las amenazas, – de todo tipo, veladas y no veladas, agrego yo-, se consumen”.
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