Cuando escuchamos frases de organismos internacionales que sustentan que Latinoamérica “es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra” o que “uno de cada tres homicidios que ocurren en el mundo se registra en América Latina y el Caribe” nos sentimos preocupados, pues sin duda esto es parte de las conversaciones cotidianas que tenemos con familia, amigos y colegas de trabajo.
Así, nos encontramos hoy ante un círculo vicioso en donde la inseguridad impacta en la inversión y actividad económica, lo que conlleva a menores oportunidades de crecimiento y generación de empleo, reproduciendo el ciclo de pobreza que es uno de los factores de la delincuencia. Como ciudadanos, el crimen impone un costo adicional en nuestras vidas, afectando en la salud, en la productividad, en nuestra capacidad de inversión (de esfuerzo, de ahorros) y nuestro nivel de consumo, al entrar en una dinámica de supervivencia.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un estudio reciente sobre el costo que tiene la violencia en Latinoamérica confirmó que la violencia y el crimen le cuestan a la región de América Latina y el Caribe hasta US$261.000 millones, monto que evidentemente es quitado de otras partidas que apoyan rubros claves como educación o combate a la pobreza. Además el mismo BID destaca que, paradójicamente, se gasta más del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad en comparación a países desarrollados con tasas más bajas de criminalidad.
Mientras que Estados Unidos invierte 2,75%, Francia 1,87% y Alemania 1,34% en el combate a la inseguridad, en la región latinoamericana se destina hasta 3,55%.
Con este panorama, parece ambicioso pensar en América Latina el concepto de “Ciudades inteligentes” o “Smart Cities”, por su equivalente en inglés, con características de sostenibilidad, con servicios que aumenten la calidad de vida de sus habitantes, sumando sistemas convergentes basados en TIC’s para asegurar el orden.
La conclusión inescapable de una Ciudad Inteligente o aquellas que pretendan serlo, es que deben poner la inteligencia al servicio de la seguridad de sus ciudadanos. Como se puede ver, la tecnología juega un papel muy importante. A este respecto, un estudio muy relevante es el realizado en 2018 por Lucía Dammert, analista e investigadora internacional en Seguridad.
En el análisis se identificó que los ingredientes necesarios para avanzar son muy diversos y retadores pero llaman la atención tres relativos a la tecnología: una constante y efectiva formación policial, misma que debe considerar edad apropiada y un facilidad para adaptarse al desarrollo tecnológico; en segundo lugar, el invertir en sistemas de información que al cruzar permita determinar con exactitud los delitos para definir acción y por último, reconoce que las TICs, son el mejor aliado para empoderar y mejorar la gestión policial, aumentar la responsabilidad de los cuerpos del orden y luchar contra la corrupción.
Ivan Kraljevic, experto en Ciudades Seguras