El pasado mes de mayo, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar recibió el proceso judicial en contra de exfuncionarios y excontratistas de la Gobernación del Cesar señalados de corrupción en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
Tras varios meses de estudio, el juzgado avocó conocimiento y fijó el 23 de octubre a las dos de la tarde como la fecha para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación. En este caso están involucrados el exsecretario de Educación, Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez; el exsecretario General, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, y la excontratista Ivis del Carmen Rosado Roble. Estos fueron vinculados en noviembre de 2019 al proceso penal por los delitos de peculado por apropiación agravado, prevaricato y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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La audiencia para la formulación de cargos ha sido cancelada diez veces en los últimos cinco años. Desde noviembre de 2019, cuando se dio la legalización de la captura, no ha habido avances. En algunas ocasiones, la audiencia se canceló porque el juez estaba de permiso y en otras porque no asistió una de las partes.
Proceso judicial
En 2015, cuando Luis Alberto Monsalvo era gobernador del Cesar, el Programa de Alimentación Escolar del departamento se adjudicó al Consorcio ‘Alimentación Escolar a Salvo 2015’, representado por María Angélica Araújo Noguera.
Dicho consorcio estaba conformado por la Fundación Kabala, representada por María Angélica Araújo, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada por Ivis del Carmen Rosado Robles. El contrato tuvo un valor de $17.145 millones, con un plazo de ejecución de 59 días calendario.
Según la Fiscalía, en el contrato hubo falta de planeación, sobrecostos y un millonario detrimento patrimonial. Por este caso, la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, a 21 años y medio de cárcel como coautor responsable del delito de peculado por apropiación agravado en favor de terceros en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, no ha avanzado el proceso contra los funcionarios.