Los que se beneficiaron con la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado, hace cinco años, son los colombianos. Estoy hablando de guerrilleros, soldados, policías, civiles y funcionarios públicos.
Las Farc y el Gobierno le dieron un alto a la confrontación armada, así lo entendieron quienes le apostaron a la paz. Los hospitales, como el Militar de Bogotá y en todo el país, fueron quedando vacíos de muertos y heridos. Sin embargo, los espacios de las Farc fueron colonizados poco a poco por otras tropas, del narcotráfico y delincuencia organizada.
Los retenes crueles, los secuestros, las amenazas, las extorsiones y asesinatos por el conflicto, tomas guerrilleras y controles subversivos en muchos sitios del país se acabaron. Sin embargo, políticos opositores del gobierno Santos y Farc, como el CD y su líder Avaro Uribe, son fustigadores y críticos del proceso.
Con la firma se llegó al fin de las FARC como grupo armado: entregaron las armas y hubo reincorporación a la vida civil. Es decir, se le puso fin al secuestro y a las hostilidades contra la población civil y la fuerza pública. Pero es importante el acuerdo de la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas, porque son millones las madres, padres, hermanos, hijos, familiares, y la sociedad colombiana, que han sufrido los embates de más de 60 años de conflicto.
La paz y la guerra dividieron al país, víctimas y victimarios tienen temor que esa paz conquistada y firmada se pulverice en medio de una clase política que le importa más sus dividendos del poder y burocracia que sellar el derramamiento de sangre.
El libro ‘El ABC del acuerdo final’ sostiene que “se creó un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz. Los responsables de los crímenes más graves serán investigados, juzgados y sancionados por una justicia especial. Si no colaboran, cuentan toda la verdad y reparan a sus víctimas, recibirán penas de cárcel hasta por 20 años”.
También se creó La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que según la entidad “es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años”.
Ayer martes, el gobierno de Estados Unidos sorprendió al darle un respaldo al proceso de paz; según El Espectador, el Departamento de Estado de EE.UU anunció este martes la retirada de las extintas FARC de su lista negra de grupos terroristas, de la que formaba parte desde 1997, al asegurar que “ya no existe como organización unificada”.
“Tras el Acuerdo de Paz con el gobierno de Colombia, las FARC se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existen como una organización unificada que esté involucrada en terrorismo, en actividades terroristas, o tenga la capacidad o intención de hacerlo”, indicó el secretario de Estado, Antony Blinken. Hasta la próxima semana.
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