El audio revelado por Noticias Caracol en el que Cielo Gnecco le dice al senador José Alfredo Gnecco que le avisaron que la Corte Suprema había interceptado sus teléfonos, causó una crisis interna dentro de la institución de magnitudes similares al cártel de la toga.
Este miércoles, medios de comunicación confirmaron que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes dar celeridad al proceso que avanza contra el magistrado de la Sala Especial de Instrucción, Francisco Farfán, por ese caso de Cielo Gnecco. Desde esa oficina supuestamente filtraron información a los Gnecco.
En respuesta a lo dicho por la primera gestora en la llamada, el magistrado Farfán la denunció por calumnia y pidió que lo investigaran junto a su equipo. Pese a la rápida respuesta del magistrado vallenato, esta revelación afectó la credibilidad de una de las entidades más importantes en la estructura del Estado colombiano.
LOS GNECCO Y LA CORTE
Una vez Elvia Milena Sanjuán se posesione como gobernadora del Cesar el primero de enero de 2024, en la Corte Suprema de Justicia reposarán investigaciones en contra de tres personas relacionadas con los Gnecco.
El caso en contra del detenido gobernador Luis Alberto Monsalvo es el más sonado. Monsalvo es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar. La Fiscalía formuló la acusación y quedó a la espera de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema fije la fecha del juicio.
Además, en marzo de este año, la Corte Suprema abrió investigación y citó a indagatoria al senador José Alfredo Gnecco Zuleta por cohecho y prevaricato por omisión, por el presunto pago de $150 millones al exfiscal Luis Gustavo Moreno para dilatar una investigación contra su papá, Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar.
Y en febrero de 2024, seguramente, un juez formalizará el traslado del proceso a la Corte Suprema de Justicia por el fuero de Elvia Milena como gobernadora del Cesar. A la exalcaldesa la investigan por presuntamente celebrar de manera irregular un contrato de compraventa de un lote a favor de la administración municipal con un contratista inhabilitado.