La situación que enfrentan defensores de los derechos humanos en Colombia, donde, según denuncias, persiste el paramilitarismo, y el reclamo de que se legalice el aborto en Argentina marcaron hoy el tercer día de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una de las audiencias, los activistas también expresaron preocupación por los altos niveles de violencia contra líderes sociales y activistas y señalaron que uno de los factores de riesgo más grande que estos enfrentan “es la persistencia del paramilitarismo, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo”.
Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, denunció “la grave situación que en materia de agresiones y atentados contra la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos se viene presentando en nuestro país sin que las medidas implementadas por el gobierno nacional logren mitigar esta grave situación”.
En otras de las audiencias que se celebran en un hotel de la capital dominicana, familiares y activistas de derechos humanos reclamaron a Colombia un plan integral y participativo de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en esa nación.
Se trataron específicamente casos de personas desaparecidas por su defensa del medio ambiente en el contexto de proyectos hidroeléctricos en departamentos como el de Antioquia.
Luz Mery Velasquez, esposa de Julián Emilio Cataño, un ingeniero civil víctima de desaparición forzada el 24 de abril de 2001, señaló ante la CIDH que Antioquia es uno de los territorios colombianos con mayor número de víctimas de estos delitos.
“Los ríos siguen siendo grandes fosas en Colombia, y las autoridades dan por un hecho que no se puede hacer nada”, apuntó.
Por su lado, Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, denunció que dos miembros del movimiento han sido asesinados en los últimos seis días, y pidió justicia en estos casos.
“La Fiscalía no nos escucha. Dicen que tenemos que dar los sitios exactos donde hay cuerpos, pero no nos garantizan seguridad. Esta semana asesinaron a dos compañeros, tenemos más de 150 amenazas”, aseguró en su intervención en la audiencia.
Por su lado, los representantes del Estado colombiano garantizaron el cumplimiento del acuerdo de paz, al tiempo que dijeron ser consciente de la gravedad de un delito como la desaparición forzada y afirmaron que desde el Estado se han adoptado medidas para que cualquier proyecto que se adelante para el desarrollo del país sea respetuoso de los derechos Humanos.
Representantes de la Fiscalía de Colombia informaron, además, de planes de trabajo en los municipios afectados en el contexto de los proyectos hidroeléctricos.
El comisionado Francisco José Eguiguren, relator para Bolivia, Colombia y Venezuela, pidió que no se interrumpa la búsqueda de los desaparecidos y que la misma sea eficaz.
EFE