Por: Raúl Bermúdez Márquez
Hace casi un mes que el sistema escolar y universitario en Chile se encuentra colapsado a causa de huelgas y tomas, protagonizados por estudiantes, a los que se sumaron profesores e incluso directivos en demanda de mejoras en la educación.
El problema tiene sus raíces en la contrarreforma educativa llevada a cabo en la dictadura. Efectivamente, las bases del actual sistema educativo chileno fueron sentadas durante el régimen militar de Augusto Pinochet que en 1981 reformó el sistema universitario, eliminando la educación superior gratuita. A partir de entonces, los alumnos que quieren ir a la universidad pero no tienen los fondos para costearlo, deben pedir créditos, ya sea estatal o privado. En 1990, Pinochet remató con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que redujo el rol del Estado en la educación al de un mero regulador, y delegó la enseñanza en el sector privado. La ley abrió las puertas al lucro en la educación y dio pie al negocio de las “escuelas y universidades empresa”. En los últimos 30 años hubo un boom de escuelas privadas o subvencionadas (público-privadas), que hoy día acogen al 60% de los alumnos primarios y secundarios. Las escuelas públicas pasaron a la órbita de las municipalidades, algo que según el experto en educación Raúl Irrazabal, del Centro de Estudios Sociales CIDPA, impactó fuertemente en su calidad educativa.
En tanto, en el nivel terciario también surgieron una treintena de universidades privadas, que hoy representan el 60% del sector. Irónicamente, esas universidades (que cobran matrículas de entre US$300 y US$1200) absorbieron a muchos de los estudiantes más pobres, que por venir del sistema educativo municipal sacaron notas más bajas en la prueba de selección universitaria (PSU) que deben rendir todos los aspirantes a una plaza terciaria.
Según expertos, se trata de un sistema “perverso”, que deja a miles de jóvenes chilenos de clase media y baja endeudados una vez terminan sus estudios, ya que los créditos universitarios se empiezan a pagar desde el primer empleo.
“La educación dejó de ser un mecanismo de movilidad social en Chile y pasó a ser lo contario: un sistema de reproducción de la desigualdad”, afirmó. Irrazabal dijo a BBC Mundo que el 70% de los estudiantes chilenos usa un crédito universitario. Las encuestas muestran un apoyo amplio de la sociedad chilena a los reclamos estudiantiles, apoyo que se expresó en la forma de cacerolazos. En 2006, al comienzo de su gestión, la antecesora de Piñera, Michelle Bachelet, también debió enfrentar enormes protestas de alumnos secundarios en lo que se conoció como “La revolución de los pingüinos” (por el color del uniforme de los jóvenes).
Al igual que ahora, el principal reclamo de los estudiantes es que el Estado brinde una educación pública gratuita y de calidad, y que se prohíba el lucro en la educación privada. En la actualidad, el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado. El 75% restante depende de los aportes de los estudiantes. La gratuidad educativa sólo está garantizada en el nivel básico. A partir del secundario, las escuelas pueden cobrar cuotas. En tanto, todas las universidades –tanto las públicas como las privadas- cobran aranceles.
La protesta masiva de los estudiantes Chilenos logró doblegar la posición intransigente del presidente Piñera, al que le tocó aceptar que no se trata de la acción aislada de un pequeño grupo de estudiantes incendiarios sino de una vasta y pacífica protesta social en pos de 7 sentidos puntos reivindicatorios. En consecuencia ha realizado algunos ofrecimientos de reforma que no llenan las expectativas del movimiento estudiantil, cuyo clamor se ha hecho sentir en todo el continente; a tal punto, que el presidente Santos después de pasar por el país austral, regresó con la buena noticia de que retira el punto de la Educación Superior con ánimo de lucro que formaba parte del proyecto de Reforma de la Ley 30 de 1992 que regula el sistema de educación Superior en Colombia.
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