El Ministerio del Trabajo creó el ‘Grupo Élite de Inspección para la Equidad de Género’ con el objetivo de “corregir” la desigualdad entre hombres, mujeres y población diversa que existe en el mundo laboral
Este equipo está conformado por 50 mujeres cuya misión es hacer vigilancia, control y prevención en las empresas que podrían estar vulnerando los derechos de sus trabajadores y en particular de las mujeres.
Dos de las inspectoras están en el departamento del Cesar: Carmen Ardila Daza y Andrea Caballero Jiménez.
ENFOQUE DE GÉNERO
Aunque una de las misiones del Mintrabajo es formular políticas que garanticen los derechos de los empleados, las funcionarias dijeron a EL PILÓN que ese objetivo se estaba asumiendo de manera global.
“Al llegar nosotras aquí con el enfoque de género se están haciendo visitas y se irán tomando las acciones pertinentes en cada caso que se presente”, aseguró Ardila Daza.
Están priorizadas las labores formales públicas y privadas, los entornos de trabajo doméstico, ventas ambulantes y servicios sexuales.
“Llegó el momento de que la población femenina se sienta respaldada. Vamos a mirar en qué condiciones están laborando y a capacitarlas”, agregó una de las fuentes.
Además de las visitas de inspección, la ciudadanía también puede presentar querellas anónimas sobre brecha salarial, seguridad y salud, violencia, y toda vulneración del Código Sustantivo del Trabajo.
CONDICIONES LABORALES DE MIGRANTES
Otro escenario es la empleabilidad en el departamento del Cesar de la población migrante de origen venezolano.
Henry Oñate, alcalde de Manaure, aseguró a EL PILÓN que en el municipio adelantan procesos de “regularización” de esta población extranjera que también hace parte del mercado laboral.
La finalidad, según Oñate, “es que las personas puedan tener su identificación, servicios de salud y lo que dicta la ley” en el desarrollo de sus actividades.
Y LAS VÍCTIMAS
El Mintrabajo realizó una feria de servicios en la plaza principal de este municipio, al noreste del Cesar, el reciente fin de semana con entidades como Migración Colombia y la Unidad de Víctimas.
Pero además el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la caja de compensación del departamento, Comfacesar, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Y es que las instituciones deben “generar confianza y funcionar en conjunto”, subrayó el burgomaestre, para también brindar garantías laborales a las víctimas del conflicto armado y a toda la sociedad.
Manaure está cobijado por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que busca impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en los lugares más afectados.
LAS TRABAJADORAS
En múltiples situaciones de vulneración de derechos laborales hay empleadas que no conocen qué pueden hacer ante el problema, como el caso de una profesional de la salud que prefirió el anonimato.
No obstante, durante la citada feria, la mujer dijo a este diario que tuvo asesoría porque una empresa privada le estaría debiendo unos meses de trabajo y con esa orientación tomará acciones legales al respecto.
Por Andrea Guerra / EL PILÓN