Se ha iniciado en el país la primera etapa de atención a los damnificados por la ola invernal, que pasará a la historia como una de las tragedias más graves de Colombia. Ha designado el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, a un exbanquero, Jorge Londoño Saldarriaga, hasta hace pocos días gerente del Bancolombia, uno de los más grandes del país, como gerente y tendrá a su cargo el manejo, a mediano y largo plazo, del proceso de reconstrucción.
Adicionalmente, Santos Calderón designó a Everardo Murillo, gerente del Fondo de Calamidad, quien manejará los billonarios recursos que se requieren en esta fase de atención humanitaria y rehabilitación. Murillo es uno de las personas con mayor experiencia en el manejo de tragedias en el país.
Colombia tiene experiencias exitosas de manejos de emergencias, pero en espacios determinados de nuestra geografía y con una población muy focalizada, como fue el caso de la tragedia de Armero, en 1985; y luego el terremoto de Armenia en 1999. No obstante, en este caso es una emergencia en varias regiones y con una población dispersa en las mismas.
La primera parte del proceso, como es el inventario y la estimación precisa de los daños y sus costos, aún no ha concluido. En el caso del departamento del Cesar, es evidente que hay un retraso, en parte debido a la falta de gestión por parte de los llamados Clopad (Comités Locales para la atención de desastres), que son los entes encargados de hacer el listado de las personas y familias damnificadas y de los daños en cultivos, ganado, casas, vías, etc.
Buena parte del éxito del proceso depende de que se realice bien ese proceso de cuantificación, que los damnificados sean los verdaderamente afectados por la tragedia y no los vivos de siempre, que nuevamente buscarán aprovecharse de la ocasión. En este sentido, se requiere que sean las mismas comunidades afectadas las que estén atentas para evitar esos infiltrados.
El mismo principio es, igualmente, aplicable en el caso de los daños al sector agropecuario: se requiere determinar con mucha precisión la magnitud de los daños, por fincas, por predios y por municipios, tanto en cultivos, como en pastos y ganados.
En el caso de nuestro departamento, en un principio, en una reunión de los gobernadores del Caribe, en Cartagena, con el Presidente Santos, se habló de tres cientos treinta mil millones de pesos, luego algunos gremios hablan del doble de ese primer monto, es decir, unos seiscientos sesenta mil millones de pesos. En este caso, insistimos, ha faltado diligencia a algunos alcaldes, según lo ha advertido el secretario de Agricultura del Departamento, Eduardo Manzano. Y por eso, este funcionario ha dicho que la cuantificación de los daños en ese sector sólo estará hasta finales de este mes.
Es urgente agilizar esta tarea, de hacerla pronto y bien hecha dependerá el acceso oportuno a auxilios por parte del Estado para ayudar a estos campesinos, agricultores y ganaderos.
Por lo pronto, se ha informado que próximamente serán girados al gobierno departamental, más de once mil millones de pesos para iniciar la atención a los damnificados, con recursos del gobierno nacional. Es urgente garantizar que la ayuda llegue a los verdaderos afectados y de manera transparente, eficiente y oportuna. En este sentido, constituye una buena noticia la designación del arquitecto, Franklin Daza, para manejar estos recursos, por su trayectoria y su hoja de vida.
Al igual que en el plano nacional, el gobierno departamental, lo mismo que la sociedad cesarense, principalmente en los municipios más afectados, los organismos de control, Contraloría y Procuraduría, deberán estar muy atentos para que los alcaldes o funcionarios de otro nivel no vayan a manejar estos recursos con criterio clientelista, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral y garantizar que las ayudas lleguen a donde tiene que llegar, efectivamente.
En el caso de los daños al aparato productivo se requiere una mayor diligencia por parte del sector oficial, como también en la evaluación de los daños a la infraestructura. Esta emergencia será una prueba de fuego para probar la eficiencia y transparencia del Estado a todo nivel. Y todos tendremos que estar vigilantes para que el proceso se haga de la mejor manera.