¡Quién lo creyera! En Colombia hoy, y hay que afirmarlo con respeto, pero decirlo, la Corte encargada de garantizar y defender la integridad de la Constitución está tomando decisiones que lesionan, gravemente, el ordenamiento cuya obligación es proteger. Esa es la verdad. Infortunadamente, dicha tendencia es cada vez más clara.
En lugar de actuar dentro del marco de los “estrictos y precisos términos” del artículo de la carta que define sus facultades, se ha dado a la tarea de legislar, inventarse competencias inexistentes, bendecir a posteriori desafueros del poder legislativo, y, ahora, de atentar contra la soberanía popular, es decir, contra la democracia.
Resulta lamentable, y muy peligroso, que obre, no en cumplimiento de la altísima responsabilidad que tiene, si no como una especie de banderillero del ejecutivo para imponer el acuerdo Santos-Timochenko.
Como a este gobierno le dio por sacar adelante, a la brava, semejante manifiesto de claudicación y entrega, no ha tenido límite alguno para incidir, indebidamente, en los otros poderes, a fin de satisfacer los dañinos impulsos de la vanidad que lo mueve.
Para conseguirlo se pisotea, una y otra vez, la estructura constitucional de la nación, que quedó convertida en una bola de plastilina, a la que se le da la forma que desee la cabeza del ejecutivo.
Las instituciones están sometidas al capricho del gobernante, y los otros poderes, en vez de actuar como se los manda la normatividad, decidieron cantar y bailar, al unísono, la música falaz de la paz.
Eso de que el acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad y no puede ser modificado, por nadie, durante los próximos tres gobiernos, porque tiene el carácter de política de Estado pétrea, es la tapa de la olla, además de insultante y desafiante.
Más grave aún, se trata de una derogatoria de hecho de la soberanía popular, y del desconocimiento de la división de poderes e independencia de los mismos. En la práctica, el supremo tribunal constitucional le dice a Colombia que ya quedaron definidas todas las políticas públicas para los próximos doce años, como si viviéramos en dictadura.
Vale la pena recordar que el tirano filipino Marcos bautizó su gobierno como la “dictadura constitucional”, después de haber sido elegido popularmente, con el argumento de que era necesario imponer medidas con ropaje de legalidad, para alcanzar la paz amenazada por guerrillas separatistas.
Muchas similitudes tiene ese camino con el que transitamos en estos tiempos de la patria. Lo que acaba de decidir la Corte Constitucional es un semáforo en amarillo que está pasando a rojo.
Quien, como es el caso del autor de estas líneas, tiene el honroso título de coautor de la Constitución de 1991, no puede guardar silencio frente a tamaña equivocación, que desconoce los principios fundamentales del sistema democrático.
Los magistrados ya se pronunciaron, pero queda pendiente otro pronunciamiento, el del soberano, el verdadero soberano, el del cuerpo colectivo en cuyas decisiones se originan todos los poderes públicos.
El pueblo es superior a la Corte Constitucional, y, cuando hable, en ejercicio del poder democrático máximo que le es propio, decidirá cuál es el futuro de varios puntos del acuerdo Santos-Timochenko.
En nombre de la inexistente paz no se le puede imponer al pueblo colombiano, ni a los próximos presidentes, que tendrán el deber de ejecutar los mandatos que reciban, un acuerdo convertido por arte de magia, vale decir, ilusionismo, dizque en política de Estado.
De todos estos lamentables episodios nace una clara necesidad: hay que reformar la Corte Constitucional mediante una operación de alta cirugía, porque se le fue la mano.