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Casos que no se deben presentar

La semana pasada, Valledupar se sacudió con la noticia de que en una fundación de la ciudad, donde atendían a más de 70 niños, la cual estaba avalada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, habrían violado a una menor de edad en varias ocasiones. Un escándalo que espanta.

Preocupante porque en un hogar de paso, donde se supone protegen a una población vulnerable como son los niños de calle, al contrario, los están violentando física y sicológicamente; porque nuestros niños no están protegidos en ningún lugar; porque un niño sin sus padres y en mendicidad ya es una derrota social de todos, pero que luego sea maltratado es aún más vergonzoso.

Aunque los responsables están apenas sindicados, toda violación a un menor es una derrota para la sociedad y aún más para el Estado, que debía garantizar  los derechos de una persona vulnerable.

Los procesados son Rosa Virginia Laguna, su esposo Rober Emilio Fernández Tovar y el hermano de este Lenín José Fernández Tovar, quienes fungen como representante legal, director y coordinador, respectivamente, de una fundación habilitada como hogar de paso que tenía convenio con el ICBF, encargada de brindar protección y acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

En estos casos, la reparación es un proceso complicado, casi imposible por la huella que esto deja en los menores, sin embargo, la justicia debe actuar, con especial rigurosidad, despreocupada del show mediático, y centrarse en conseguir todas las pruebas para que los procesados, de ser culpables, paguen fuerte condena.

Porque ahora, como sociedad, insistimos, debemos cuestionarnos. En Valledupar se normalizó ver niños pidiendo en las calles, solos o acompañados, porque muchas veces los instrumentalizan.

Ver a un niño indefenso en la calle nos debe conmover, a todos, pero principalmente a las autoridades. Por mucho que se repita o se vuelva común, jamás se debe normalizar la mendicidad infantil.

Esto se puede prevenir inicialmente de dos formas. En primer lugar, protegiendo a las familias como base de toda sociedad. Es necesario que el ambiente familiar y las figuras materna y paterna cobijen el crecimiento y desarrollo de los niños de nuestra región. La destrucción de la familia  es también la destrucción del tejido social.

Y segundo, atacando la pobreza. Según el Dane, el 58,3 % de los cesarenses vivía en pobreza monetaria en el 2020. ¿Qué significa esto? Que más de 635.914 cesarenses vivían con menos de $331.688, la línea de pobreza monetaria per cápita nacional, la cual es el valor que necesita una persona al mes para adquirir una canasta básica de alimentos,  servicios y otros bienes mínimos para vivir. Si en un hogar no se tiene el mínimo vital, lo seguro es que se caiga en la mendicidad.

Por último, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Dónde estaba el director Regional? Renovó la licencia a Fundinaj, la fundación responsabilizada, sin verificar qué hacían. Y fue esquivo sobre los aberrantes hechos al preguntársele, con el argumento de que eso había pasado a la dirección nacional. Obviamente, en primer lugar, él era el llamado a dar la cara.

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