De las tres ramas del poder público la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, muy a pesar de los embates para desprestigiarlas, han sido las de mejor desempeño en el contrapeso al ejecutivo, a la luz del Artículo 19 de la Constitución, que prescribe la separación de poderes, a la sazón catalogadas decorosas actuaciones, porque hacer lo contrario sería arrodillarse ante la majestad de la figura presidencial, que día a día agiganta su poder.
He ahí la complicidad de un Congreso de la República que le aprueba todo al Jefe de Estado, hasta con vicios de constitucionalidad, como se acaba de demostrar con la Ley de Garantías, tras su estrepitosa caída, pero el daño está hecho y representa réditos electorales para el candidato del establecimiento, como quiera que la gran mayoría de los 12 mil contratos firmados con modificación del Artículo 124 de la Ley de Garantías, inserto en la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2022, por valor cercano a los $19 billones, buena parte ya han sido ejecutados, y esto tiene nombre propio: se llama “corrupción”, encabezando la mayor contratación Bogotá, Tunja y Medellín, por la no despreciable cifra de $10 billones.
Tras la decisión de la Corte Constitucional todos estos contratos firmados entre el 19 de octubre de 2021 y el 12 de marzo de 2022 tendrán que ser liquidados debido a que el fallo tiene efectos retroactivos, pero el sesgo a la norma se ha consumado y la mermelada ha rodado con fines electoreros.
Las decisiones de la justicia se respetan, se controvierten en derecho y se acatan, subraya un criterio jurisprudencial, no obstante cuando los fallos son adversos apelamos a la opinión pública, obviamente porque tiene más fuerza que cualquier legislatura, pero con el agravante de desmeritar y desprestigiar las actuaciones judiciales, socializándolas con protervas intenciones.
Como cada uno ensarta pa´su bejuco y guisa en su propia olla, el juego de intereses nos lleva a despotricar de la justicia sin respetar la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado Social de Derecho.
Los jueces penales y civiles del circuito de Bogotá entraron a respaldar a la Juez 28 Penal, Carmen Helena Ortiz, en su decisión de continuar la investigación contra el senador y expresidente Uribe, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, escenario que podría plantear históricamente el primer juicio contra un Jefe de Estado.
La Juez ha sido objeto de ataques sistemáticos y señalamientos por rebatir los argumentos de la fiscalía y validar las pruebas de la Corte Suprema de Justicia.
“No desconocemos el Artículo 20 de la Constitución, que consagra la libertad de expresión, pero ese pensamiento no puede estar inspirado en una intención desproporcionada, difamatoria, calumniosa e injuriante, a sabiendas de que todas las decisiones judiciales deben ajustarse al debido proceso. El propio ordenamiento jurídico ha previsto los instrumentos legales para controvertir las decisiones de los jueces”, contextualizan en un comunicado divulgado la semana anterior.
Contraatacar, negar indicios y acusaciones, y simultáneamente desprestigiar al togado, ha sido estrategia de muchos procesados, y el de marras no es la excepción, por eso no es tarea fácil acopiar pruebas e impartir justicia con la razón, y no con el corazón, para no prevaricar.
La investigación ya no estará a cargo del llamado Fiscal defensor, Gabriel Jaimes, al ser sustituido por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, que se supone ha de asumir su rol de fiscal acusador y no de bolsillo, en concomitancia al acervo probatorio.