Por Unidad Investigativa EL PILÓN
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En junio de 2017, la Gobernación del Cesar anunció que las comunidades campesinas de 10 municipios resultarían beneficiadas de un programa de electrificación que contaba con una inversión cercana a los $16 mil millones de pesos.
Se trató de la construcción de 325 kilómetros de redes de media y baja tensión en 21 veredas. El gobierno del exgobernador Franco Ovalle dividió en tres la obra.
El Grupo 1 fue adjudicado al Consorcio Electrificación Cesar 2017, cuyo representante legal fue Fabio Echavarría Carrascal, por valor de $4.396 millones y un plazo de 8 meses de ejecución.
El Grupo 2 fue adjudicado al Consorcio LIIR Cesar 2017, cuyo representante legal fue Fermín Fernando Acero Toro, por un valor de $5.600 millones. Y el Grupo 3 fue adjudicado al Consorcio Chimichagua 2017, representado legalmente por Diego Mauricio Largo Patiño, por un valor de $5.303 millones.
Todos los contratos tuvieron retrasos exagerados y problemas en su desarrollo. Sin embargo, lo más llamativo fue la presunta ‘rosca’ que se armó en la contratación de los tres grupos.
¿SIN MÁS COMPETIDORES?
EL PILÓN revisó los tres millonarios contratos. Y en resumen encontró que tres contratistas compitieron entre ellos por las obras, mientras otras empresas cuestionaban la transparencia y señalaban que la licitación podría estar direccionada.
Para el Grupo 1 se postularon tres consorcios: Consorcio Electrificación Cesar 2017, Consorcio Chimichagua 2017 y el Consorcio LIIR Cesar 2017. Curiosamente, esos tres consorcios se repartieron los tres contratos de electrificación. No hubo más competidores. En el caso del Grupo 1, el escogido fue el Consorcio Electrificación Cesar.
En cambio, para el Grupo 2 se presentaron solo dos oferentes: otra vez los consorcios LIIR Cesar 2017 y Chimichagua 2017. Por 5 décimas fue seleccionado el Consorcio LIIR Cesar 2017.
Y en el Grupo 3 los oferentes fueron los mismos: el Consorcio Chimichagua 2017 y el Consorcio LIIR Cesar 2017 (quien presentó una propuesta más costosa). En este caso, el seleccionado (¿casualidad?) fue el único oferente de los tres contratistas que no había ganado, es decir, el Consorcio Chimichagua 2017.
Entre esos tres se adjudicaron los contratos mientras otras empresas de la talla de Codensa S.A. (hoy Grupo Enel) cuestionaban la transparencia de la licitación y preferían apartarse. ¿Un carrusel de contratación?
OBSERVACIONES
Uno de los empresarios interesados en esta obra envió una serie de observaciones en la etapa contractual. En uno de sus apuntes criticó los cuestionados ‘Criterios de calificación’.
Según el empresario, la Gobernación del Cesar incluyó una serie de requisitos que “desbordan los criterios de selección objetiva”, lo que imposibilitaría la evaluación “objetiva de las propuestas”.
Como mencionamos anteriormente, otro de los interesados que desistió por las cuestionadas condiciones de la Gobernación del Cesar fue Codensa, ahora Enel Colombia.
Enel es la comercializadora de energía más grande del país, sin embargo, de forma insólita, por el índice financiero establecido por la Gobernación no pudo participar.
Codensa argumentó que contaban con la calificación triple AAA impartida por la firma FitchRatings, “que daba cuenta de la solidez financiera de la empresa”. Sin embargo, la Gobernación no aceptó la recomendación. Casualidad o no, el contratista seleccionado se declaró en quiebra y dejó tirado el contrato. ¿No hubo meritocracia?
“ME PRESIONABAN PARA ENTREGAR COIMAS”
Al poco tiempo de haber iniciado el contrato se desató una polémica alrededor del Grupo 1, específicamente con el representante legal Fabio Echevarría. Según denunció en medios de comunicación y ante autoridades, al no querer entregar una ‘coima’ de $400 millones por el contrato de electrificación lo presionaron para que vendiera grúas y camiones.
Por eso, el representante legal aseguró que denunció a la Gobernación del Cesar y al exgobernador Franco Ovalle. (Al solicitarle certificado de la denuncia, el contratista no lo compartió).
Ante los problemas legales, Fabio Echevarría dio un paso al costado y le tocó al otro consorciado terminar las obras del Grupo 1. Al ser consultado por este caso, el exgobernador Franco Ovalle señaló que desconoce el proceso. Luego, ignoró las preguntas de EL PILÓN.
EL GRUPO QUEBRADO
Aunque hubo demoras y denuncias de por medio, las obras del Grupo 1 ya se liquidaron y el Grupo 2 está en proceso de liquidación. Ambas terminadas. Sin embargo, el Grupo 3 nunca pudo terminar la obra y se perdieron millonarios recursos públicos.
El plazo que puso la Gobernación del Cesar para construir e instalar las redes de baja y media tensión en las 8 veredas fue de 8 meses. El contrato por $5.315 millones se firmó en julio de 2017; en marzo del 2018, en las veredas ya podrían por fin prender el televisor o cargar una batería sin necesidad del ruido de una planta.
Ese sueño nunca se materializó a pesar de que se ejecutaron $4.609 millones. ¡Se ejecutaron $4.609 millones y los habitantes de las veredas siguen a oscuras y las redes y postes están en el suelo! Los pocos postes que funcionan pertenecen a conexiones ilegales. Las otras redes han sido hurtadas por el abandono del contratista.
A pesar de los $4.609 millones que recibió, el consorcio se declaró en quiebra y dejó ‘tirada la obra’. Por eso, la Gobernación del Cesar declaró el incumplimiento del contrato, lo finalizó unilateralmente y se hicieron efectivas las pólizas de cumplimiento.
A través del cobro jurídico al Consorcio, la Gobernación del Cesar recibió $57 millones, mientras que por la póliza reclamó $233 millones. Con esos recursos, la Gobernación formuló un nuevo proyecto para terminar las obras del Grupo 3.