- Ocho cámaras de seguridad fueron instaladas en el Pabellón de la Carne del Mercado Público y esto produjo revuelo entre los expendedores
- Un kilo de carne proveniente de municipios como La Paz o San Diego se vende en nueve mil pesos, mientras los mil gramos de la carne adquirida en Valledupar tienen un precio entre 12 y 13 mil pesos.
Como un ataque califican los expendedores del Pabellón de Carne ubicado en el Mercado Público de Valledupar, las nuevas medidas adoptadas por el gerente de la entidad. Estas personas denunciaron “persecución al trabajo” y eso podría afectar su bolsillo.
El enfrentamiento entre matarifes y gerencia, se presentó por unas cámaras instaladas en el recinto de carnes y según los vendedores, son para vigilar su trabajo y no para prestar otro servicio como se necesita en el mercado; Mario Escandón Mojica, gerente de esta central de acopio, aseguró que simplemente se montaron las cámaras para observar el sitio y percatarse de algunas quejas interpuestas por la comunidad de indisciplina en el lugar.
La batalla campal presentada la mañana del pasado jueves, prendió la luz de alerta entre los carniceros que expusieron sus quejas ante los apretones en materia de salud recibidos, malas condiciones en el lugar de trabajo otorgadas por parte de la administración de la sectorial, y declararon que para prestar un excelente servicio “deben brindar las garantías y esas entran por la casa”.
Ante esta situación, el Gerente del Mercado Público anunció que están tratando de ponerle orden a la casa, que su trabajo viene hace 10 años en el mercado y por eso ha generado cambios al llegar a la gerencia el año anterior, “estamos haciendo controles y ajustes en la materia de salud”.
Piden garantías
Los vendedores minoristas de carne del Mercado Público contaron que no tienen garantías para trabajar, debido a que los sitios de trabajo prestados por los dueños del Pabellón no cumplen al cien por ciento las expectativas y además se han hechos cambios sin socialización para ellos.
Manuel Martínez, presidente de la Asociación de Carniceros del Cesar Ascacesar, dijo que la administración del mercado debe tomar medidas con respecto al circuito en salud y otros temas, pero no puede violar el procedimiento sin utilizar el debido proceso, “es normal que antes de implantar unas medidas, hagan una exposición de los cambios y así entrar todos en ella”, expresó Martínez.
Mientras Martínez charlaba con El Pilón, otros minoritarios de carne se acercaron y presentaron sus quejas, ellas son; deterioro en los locales adjudicados por la administración, mesas en un 50 por ciento dañadas, el techo del recinto está a punto de caerse, no llega el agua a las llaves de los lavaplatos, en caso de realizar un arreglo al lugar deben pagar una tarifa, el arriendo es muy alto, entre otros.
El gerente Mario Escandón Mojica declaró ante las querellas, que los elementos del Pabellón de Carne del Mercado Público son prestados, “lo que ha sucedido es que no se les ha hecho el mantenimiento, y hoy en día queremos realmente a través de los gobiernos locales, presentar un proyecto para que se modifique totalmente el pabellón”.
El funcionario exclamó que hay un reglamento que indica “hay unos controles con base a las normas sanitarias y es lo que se está haciendo”, agregó que hay unos expendedores de carne que “andan jugando, con vulgarismo, no puede entrar una mujer porque comienza la burla, y para eso es el control con ocho cámaras”.
Se conoció además que al Mercado Público no puede ingresar carne que no sea de un matadero autorizado, y el único que cumple en Valledupar es el de la empresa Coolesar, por lo tanto, los comerciantes no pueden vender carne de municipios como La Paz o San Diego, mucho menos de La Guajira.
¿Dónde está la Policía Ambiental?
Los controles necesarios para detener el tráfico y mal hábito de uso de las carnes en Valledupar, se ve a diario en la ciudad, en la gráfica se observa cómo un hombre transporta sin las normas sanitarias e higiénicas carne en una canasta. El hombre subía por la carrera 19 de la avenida Simón Bolívar, sin tropiezo, detención o inspección de las autoridades del caso.