Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 10:15 de la noche del 22 de junio del año 2002, un grupo del Batallón de Artillería N°2 La Popa fraguó un plan dentro de sus propias instalaciones ubicadas en Valledupar en contra de dos hombres que, con anticipación, conocían que iban a llegar.
Los sujetos, según la información suministrada al grupo militar por el soldado regular Deibis Solid Páez, tenían la intención presuntamente de robar armas en el cantón militar y estaban desarmados. Pero aún así el grupo Batería no adelantó acciones para lograr solamente la aprehensión de los hombres, sino que los esperó para ‘cazarlos’ y después matarlos.
De ahí que, al llegar los dos sujetos a una de las garitas, los militares bajo las instrucciones del entonces comandante de la Sección Segunda de Inteligencia del batallón, José Pastor Ruiz Mahecha, los mataron. El informe del resultado lo realizó el mismo Ruiz Mahecha quien anunció que habían dado de baja a dos personas tras entrar en contacto armado con ellos en virtud de la orden de operaciones fragmentaria ‘Coraza’. Los identificaron como Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra y Edward Cáceres Prado.
LA NOTICIA
El supuesto combate salió a luz prontamente debido a que sucedió en el Batallón La Popa localizado en el casco urbano de la ciudad, exactamente en el barrio Don Alberto. Además, EL PILÓN registró el suceso el 24 de junio del año 2002. En esta el Ejército informó que los hombres ‘dados de baja’, al parecer, pertenecían a las milicias urbanas de las FARC.
En aquella oportunidad el comandante del batallón La Popa, teniente coronel Publio Hernán de Mejía Gutiérrez, aseveró que Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra y Edward Cáceres Prado pretendían degollar a los centinelas de las garitas y apoderarse del armamento.
“(…) Estamos preparados y en el momento en que recibimos la alarma reaccionó una unidad especial y fueron abatidos dos bandoleros que se encontraban vestidos de negro uno y otro camuflado, llevaba elementos para dormir a los centinelas, llevaban cuerda para estrangulamiento, llevaban armas blancas para degollar, y elementos para guardar, desarmar los fusiles y sacarlos de la unidad”, precisó Mejía Gutiérrez.
Agregó que el plan de hurtar el armamento lo intentó realizar un grupo de cuatro o cinco hombres. “Era una operación tipo comando, iban vestidos de negro, muy de las películas, muy de la forma como está actuando ahora la guerrilla de las Farc”, puntualizó Mejía.
LAS VÍCTIMAS
No obstante, para ese tiempo también se conoció que Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra era reservista del Ejército y trabajó como vigilante en una empresa de seguridad. Residía con la familia en el barrio Doce de Octubre, mientras que de Edward Cáceres Prado no se supo quién era.
“Puedo dar testimonio del muchacho porque lo vi nacer y criar al lado de mi familia y de mis hijos, me extraña que haya esa versión que pertenece a las Farc porque a ese muchacho lo conozco como la palma de mi mano. Hace rato trabajaba en la empresa Secolda, hasta ahí conozco de las actividades de Carlos Alberto”, afirmó una de sus vecinas.
UN TESTIGO
Sin embargo, años después la teoría presentada por el Ejército se derrumbó por una denuncia que hizo un mismo aparente testigo y miembro de sus filas. El exsuboficial Edwin Manuel Guzmán presentó una denuncia ante el Juzgado 73 de Instrucción Penal Militar que fue remitida a la Fiscalía.
En esta el exmilitar dio cuenta de las conductas irregulares que los entonces miembros del Batallón La Popa cometieron en el periodo de Publio Hernán Mejía Gutiérrez.
Guzmán afirmó que Mejía una vez asumió el mando de la unidad militar se reunió en San Ángel, Magdalena, con jefes paramilitares para acordar compromisos y cooperación entre ese grupo armado y el Ejército.
De igual manera el denunciante destacó dos casos puntuales en los que presenció ejecuciones extrajudiciales, entre esos las muertes de Carlos Alberto Pumarejo y Edwar Cáceres cuando de manera clandestina iban a entrar al batallón.
“Al denunciante le consta que las personas mencionadas, fueron aprehendidas y retenidas horas antes de su muerte y posteriormente ejecutadas de manera violenta”, reza el escrito de acusación que profirió la Fiscalía 14 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en la justicia ordinaria.
LOS INVOLUCRADOS
De ahí se desprendió la investigación de la Fiscalía que involucró a Publio Hernán Mejía Gutiérrez, José Pastor Ruiz Mahecha, Nelson Javier Llanos Quiñónez, Aureliano Quejada Quejada y Efraín Andrade Perea.
Después, declararon inocente a Nelson Llanos Quiñónez y a los demás los condenaron a 19 años y 6 meses de prisión. No obstante, la sentencia quedó anulada por acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN