Habrá necesidad de decirlo también más adelante, pero es bueno advertirlo. Esas decenas de (pre) candidatos presidenciales, que nos visitan, les interesa el Cesar para su beneficio y no para el bienestar de su población. Digamos, para ser benévolos, que si buscan honestamente lo mejor para los colombianos, los cesarenses serán objeto de la acción residual de su gobierno.
Hasta ahora no hemos observado en ninguno de ellos, tampoco en los punteros de encuestas nacionales, como Gustavo Petro y Sergio Fajardo, una perspectiva territorial, un enfoque territorial.
Llegan con un discurso que podría ser el mismo acá que en el Meta, Nariño o en el Quindío. Una suerte de mensajes efectistas, de sus trayectorias y de sus aspiraciones por firmas, partidos, coaliciones, y si van a la primera vuelta presidencial de mayo o se someterán a previas consultas.
Cuando se discutía con las Farc salió a relucir el tema de los territorios, en su mayor parte rurales, en los que se jugaban la vida soldados, guerrilleros, paras y la población civil. La población víctima del desplazamiento, el secuestro, la extorsión, el homicidio o la exposición al daño colateral de los enfrentamientos, en medio de disputas de espacios, tierras e instituciones locales. Con el transcurso de las reflexiones se llegó al consenso de que no se podía construir la paz sino desde las regiones de Colombia.
Se adoptó entonces el concepto de la paz con enfoque territorial, del que surgieron instrumentos como los PDET, las circunscripciones especiales electorales, la reforma rural, el catastro multipropósito y la seguridad rural. En realidad se estaba era partiendo de la idea de que sin la localidad tendríamos un país a medias.
Las dificultades de la implementación de los Acuerdos está relacionada con que la representación y conversación desde la base y periferia geográfica y poblacional es escasa. Los PDET apenas están iniciando la contratación municipal de gran parte de los proyectos; las circunscripciones de víctimas resurgieron de las cenizas, cuando habían sido enterradas en el Congreso; la reforma rural registra tímidos resultados, el catastro comienza su difícil adopción, y qué no decir de la seguridad, cuando el Estado ha sido incapaz de ocupar los espacios en que antes reinó la guerrilla.
Sin la gente de las regiones, sin escuchársele, la política nacional será coja y el Gobierno peor. El departamento tiene aspectos y problemáticas que les son propias, como la política minero-energética, de viejas y nuevas minerías y transición, afectaciones ambientales, en especial derivadas del ‘Cambio Climático’, asuntos indígenas, rezago del sector agropecuario, pocos bienes públicos rurales, poca ciencia, innovación y tecnología, escasa industrialización, deficiente infraestructura de transporte, con el denominador común de que 750.000 habitantes (el 58 %) son pobres. Hay que empezar a evaluar a los candidatos por la sintonía que tengan con nuestros problemas y soluciones.