El investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Mario Aguilera, explicó en un análisis publicado en el diario El Espectador que después de una investigación minuciosa en múltiples fuentes, en las que contabilizó leyes y decretos, entre 1819-2010, encontró que en el país se han dado 184 perdones judiciales distribuidos así: 53 amnistías, 106 indultos, 17 indultos/amnistías y ocho “beneficios encubiertos” (medidas que si bien desde la dogmática penal son diferentes a la amnistía y el indulto, en la práctica ofrecen efectos similares a ellas).
El interesante análisis de Aguilera asegura que estos perdones judiciales se han dado en tres ciclos: el primero comprendido entre el cierre de las guerras de independencia, la instauración del modelo republicano y la creación de los partidos liberal y conservador, (1819-1848), con 25 beneficios penales (14 %); el segundo es el “periodo de guerras intestinas entre los partidos tradicionales y sus facciones que abarcan desde su fundación, entre 1848-1849, pasa por la violencia bipartidista, y se cierra con la creación del Frente Nacional y con la última amnistía dirigida a los partícipes de la violencia bipartidista (1958)”, con el mayor número de amnistías e indultos, 118 en total (64 %) y el tercero corresponde al conflicto contemporáneo, que lleva alrededor de 60 años. Este periodo es el de menor número de amnistías e indultos: 13, lo que equivale al 7% del total.
La Ley de Amnistía aprobada ayer no es una novedad en el país. Es la repetición de la historia colombiana que, como lo dicen las cifras y los documentos, siempre ha buscado el equilibrio a través del perdón, aún de delitos graves, así a muchos no les guste. No es fácil aceptar que las personas que cometieron delitos, se paseen por las calles como si nada hubiera pasado. Son comprensibles los reparos a esta Ley, pero también es compresible el gran esfuerzo por acabar con un conflicto armado de 52 años que ha dejado tantas víctimas.
En este caso la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Amnistía con la que el Gobierno busca dar seguridad jurídica a los miembros de las Farc que entreguen las armas como parte del acuerdo de paz. Serán más de 6.000 miembros de las Farc los beneficiados con la Amnistía que procesarán por los delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros.
La Ley de Amnistía acoge el perdón jurídico para todos los miembros de las Farc, excepto para los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma, como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores. También contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que hayan podido cometer crímenes en el marco del conflicto armado. Sí hay castigos.
El camino a la finalización del conflicto con las Farc no ha sido fácil. La Ley de Amnistía es un paso importante, con el que se transitará por otra vía difícil, pero no imposible. No hay más excusas para que inicie en firme la concentración de los guerrilleros en las zonas veredales y se desmonte este grupo armado que tanto daño le hizo a Colombia. Con todas las dificultades que implica la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, vale la pena la oportunidad.