Colombia posee una Constitución que, en gran parte, es producto de la manifiesta voluntad de la comunidad nacional (1991).
Por la discusión que ocurre, por estos días, entre la opinión pública nacional sobre interpretaciones de nuestra nueva carta política recojo en esta columna algunos conceptos que he publicado recientemente sobre el mismo tema.
Esta breve historia constitucional señala que los hechos sucedidos en materia política después del romántico evento de 1820 que dio un respiro al país de la dominación española, mostraron desde un principio la vocación conflictiva de los colombianos en materia política.
La colección de Constituciones que reposan en los archivos históricos del país, habla más que de una tradición constitucionalista, de una clase política cuyos intereses primaron por encima del bien general, a despecho de lo que hoy dispone la Carta vigente.
Al año siguiente del mencionado suceso que dio la independencia a la Nueva Granada, surgió lo que posteriormente se ha reconocido como la primera Constitución del país. Se alude a la Constitución de Cundinamarca, la cual vio la luz el 3 de marzo de 1811 y fue, con apenas un año de existencia, reformada en 1812 por el serenísimo Colegio Revisor y Electoral, del 17 de abril de 1812.
Esta reforma de una Constitución que apenas tenía un año, puede ser interpretada como una evidencia de la inconsistencia política que caracterizó a los “criollos” que ostentaban el poder en el país y que llevó a las luchas internas que luego el país pagó caro, con la vida de muchos ilustres, como Francisco José de Caldas, Policarpa Salavarrieta, entre otros, que pagaron con su vida las rencillas y divisiones que distrajeron a los Granadinos y que dieron oportunidad a que los españoles se reorganizaran y acometieran la aciaga etapa de la Reconquista, en un período que históricamente es reseñado como La Patria Boba, en alusión a las peleas que realizaban los criollos entre sí, mientras el enemigo se rearmaba y acometía con fuerza, logrando recuperar el mando, por manos de Pablo Morillo quien cedió el virreinato a Juan Sámano, déspota que se encargó de cobrar sangrienta venganza por la rebelión del 20 de Julio de 1810 (García, 1963).
Si bien en 1819 se recuperó la libertad en forma definitiva, el período siguiente se identificó por la misma tendencia divisionista: el ejército que diera la libertad a la Nueva Granada se dividió entre seguidores de Simón Bolívar y los seguidores de Francisco de Paula Santander. Curiosamente, el Libertador, en lugar de apaciguar los ánimos, contribuyó con comentarios en los que deslucía a los oficiales colombianos, diciendo que “… los oficiales venezolanos se ganaron sus charreteras en el campo de batalla, mientras los oficiales colombianos las recibieron por conveniencias de momento para el ejército libertador”.
Fue precisamente el tema constitucional el que llevó a que otra gloria colombiana, como lo fue José María Córdoba, perdiera su vida a manos del irlandés Ruperto Hand, mercenario alcohólico al servicio de cierto sector del gobierno; Córdoba pregonaba la necesidad de un Estado Federalista, mientras sus opositores luchaban por la imposición de una Constitución, un gobierno central, en el que ellos pudieran mandar a todo el país, desde la comodidad de sus aposentos capitalinos.
También, fue esa división la que cobró la vida de otro prócer de la libertad, la de Antonio José de Sucre, en las montañas de Berruecos. Todo, por las divisiones intestinas que segaron muchas vidas y privaron al país de personas que seguramente habrían aportado al progreso de la nación, en tiempos en los que realmente se necesitaban pensadores ajenos a la politiquería. Hasta la próxima semana. tiochiro@hotmail.com. @tiochiro.