En Boquerón, una población ubicada en la parte occidental del municipio de La Jagua de Ibirico, los años pasaron y son palpables no en la mejoría sino en el crónico desgaste de su vieja infraestructura, y en el rostro de aquellos que alcanzaron una década esperando el reasentamiento. Solo creció la desesperanza.
Ahora es el foco de un proyecto o un pacto que busca saldar la deuda histórica con una población olvidada. Boquerón no ha recibido inversión durante 10 años. Así de sencillo, en mayo de 2010, el saliente gobierno de Álvaro Uribe ordenó el reasentamiento. Había unos compromisos del gobierno a raíz del paro 3 años atrás que hizo la comunidad jagüera y que provocó la visita del presidente de la República.
Este martes llegaron el Gobierno nacional y las autoridades departamentales a exponer lo que sería el nuevo pacto. Abierto en razón a que se identificó que Boquerón no representaba una fuente contaminante y por lo tanto no debía procederse con el reasentamiento. En la última medición, según el Ministerio de Ambiente, el corregimiento no registró excedentes considerables de las partículas muestreadas de emisión en el aire.
Por temor de que se generara un detrimento fiscal gigantesco de haberse realizado inversiones públicas en infraestructura, en un poblado que se iba ineludiblemente a trasladar, pasaron más de 10 años en que los gobiernos no programaban mejorar el lugar. Se llegó al contraste de que los vecinos mejoraban su nivel de vida y eran receptores de recursos cuantiosos y los boqueranos estaban vetados, en una inhumana y paradójica situación. Más sorprendente aún fue que ante la ausencia estatal, Drummond era la que hacía inversiones y construcciones en Boquerón, como el centro de emprendimiento, el de desarrollo infantil, la mejora en el puesto de salud, empleabilidad, y el impulso a fundeboquerón.
Antes de emitirse la nueva resolución, cuatro empresas tenían la responsabilidad de cubrir el valor del reasentamiento. Drummond LTD era responsable del 47.1 %; Prodeco, que planea entregar los títulos mineros y suspendió sus actividades mineras, el 39,81 %; Colombia Natural Resources, que se declaró en quiebra, el 7,81 %; y Vale Coal el 5,16 %. La comunidad pide que los recursos proyectados se destinen a cubrir las necesidades.
Como explica la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, el pacto, en el que contribuirán la nación, la Gobernación del Cesar y el municipio, se ha dividido en seis líneas estratégicas. La primera es vivienda, nuevas condiciones de vida y fortalecimiento de las existentes. La segunda, saneamiento básico; la tercera es salud; la cuarta es educación, con el fortalecimiento de la infraestructura y la vocación productiva de la zona, para eso tendrán el apoyo de la Secretaría Departamental de Educación y el SENA; quinto, la seguridad alimentaria, porque se ha identificado como potencial la agricultura, especialmente cultivos comestibles, como las frutas, el trigo. Y sexto, el emprendimiento.
Pueda ser…