Por Gustavo Cotes Medina
El ejemplo que estamos viviendo por el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, respecto al archipiélago de San Andrés y Providencia, nos abre los ojos e impulsa a Colombia en la búsqueda de un blindaje en la ONU al proceso de paz con las Farc, para reducir al mínimo la posibilidad de que la Corte Penal Internacional- CPI- interfiera en el propósito fundamental de terminar el conflicto armado.
Debemos buscar la forma que en el mundo se respete la soberanía jurídica del país para definir los mecanismos de investigación y juzgamiento de más de 50 años de guerra donde ya hemos identificado en forma preliminar el aporte macabro de 250.000 muertos y 5 millones de desplazados.
¡Estamos en la obligación de defender con los dientes el modelo de justicia transicional que se aplicará con la guerrilla”.
Es evidente la preocupación que la presión internacional intervenga en las decisiones de la justicia local. Todos sabemos que tenemos el compromiso de respetar el derecho internacional, con sus limitaciones, y el Gobierno Santos es consciente que esa discusión sentará un precedente y una doctrina porque no podemos ceder ante ciertas presiones que hacia el futuro podrían obstaculizar la ansiedad que tiene nuestro pueblo de conseguir la paz.
Tenemos que enfrentar con argumentos ciertos los mensajes enviados por la CPI que incomodan al gobierno al percibirlos como una intromisión, lo cual no quiere decir que estemos evadiendo su órbita, pero es una incógnita que tenemos por despejar.
¡Es una obligación atender los derechos de las víctimas sin que las voces fundamentalistas obstaculicen la terminación al conflicto más prolongado del hemisferio!
El dilema del Gobierno es que enfrenta la difícil idea de aceptar dejar sin castigo las atrocidades cometitas por las Farc, pero es una verdad inmensa que a nadie beneficia prolongar esta guerra inútil y sin sentido que golpea en forma violenta a las comunidades rurales.
“En esencia, la justicia transicional es una solución política mediante un contrato histórico de reconciliación nacional, que no es un asunto puramente judicial”. Es necesario conciliar la paz con la justicia.
Es muy difícil buscar la solución de un conflicto pensando solamente en castigar a los culpables, tenemos que “crear puentes, restaurar relaciones y reconstruir equilibrios perdidos”, mediante una justicia restauradora y constructiva que nos ayude a garantizar el futuro pacífico y seguro que nos merecemos los colombianos.