En julio de 2018, el precandidato por el Centro Democrático, Iván Duque Márquez, denunció ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro por los presuntos delitos de tortura, asesinato, persecución a un grupo poblacional definido y arrestos masivos, entre otros. Personalmente Duque llegó hasta la sede del tribunal internacional en La Haya para inculpar al mandatario venezolano, en un documento de 56 páginas repletas de pruebas recogidas en los últimos meses, el cual también suscribieron un grueso número de parlamentarios colombianos y chilenos. En ese momento, Duque expresó textualmente lo siguiente: “Maduro no será juzgado en su país dado que su gobierno tiene ese poder cooptado”. El documento en cuestión señala presuntas violaciones al artículo 7° del Estatuto de Roma, que contempla los delitos de lesa humanidad, llamados así por su especial gravedad.
Lo que nunca imaginaron los congresistas chilenos y colombianos ni el presidente Duque, es que tres años después de formulada la denuncia, el gobierno de Sebastián Piñera como el de Duque estarían en el ojo del huracán por los desmanes ocurridos en las manifestaciones públicas acaecidas en sus respectivos países, que terminaron en actos de vandalismo poniendo en jaque la gobernabilidad, que, por coincidencia, no cuenta con el apoyo ni de su propia bancada y menos con la aceptación de sus gobernados. Se despide Piñera y más adelante lo hará Duque; saldrán por la puerta de atrás, con más pena que gloria, por no tomar de manera oportuna las decisiones que pudieron paliar la situación de muchos de sus connacionales, y el otro, por ser un gobierno autista, desconectado totalmente de la realidad que aqueja al pueblo colombiano.
Se anuncia la llegada de la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos), órgano que tendrá la tarea de escuchar las denuncias de las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos, y la paquidérmica respuesta de la Fiscalía y la Procuraduría frente a estos hechos. Muy seguramente hablarán las personas que fueron blanco de la represión oficial, y desde luego también escucharán los desmanes cometidos contra la fuerza pública, sin olvidar que en una confrontación entre manifestantes civiles y la fuerza pública son los primeros los que llevan las de perder. No obstante, la CIDH siempre estará del lado de los más débiles. A eso le llaman sus detractores sesgo político, y por eso muchos no querían que viniera la CIDH, como si Colombia no hiciera parte del sistema interamericano de derechos humanos.
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