Los recursos que se depositan para financiar proyectos sociales en los países en procesos de reconstrucción o restauración de servicios básicos, debido a la destrucción ocasionada por desastres naturales o a causa del conflicto armado de carácter no internacional, como el caso de Colombia, constituyen un mecanismo eficiente para restablecer, garantizar, el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en el marco de la aplicación del Derecho Internacional.
Colombia en estos momentos se encuentra implementando acciones, programas y proyectos financiados con recursos multimillonarios a través de fondos creados para contribuir con la construcción de paz a lo largo de nuestra basta geografía nacional, en esos lugares donde el Estado en algunos lapsos parecía no llegar y brillaba más por la omisión en la prestación de los servicios y bienes básicos a la población civil.
Todos estos recursos que provienen de la comunidad Internacional se están destinando especialmente a la población en proceso de reintegración a la vida civil, y por su puesto a las víctimas del conflicto armado, es decir la población civil que ha resultado afectada física y psicológicamente a causa de hechos violentos. Con la aplicación de este tipo de reglas o procedimiento de intervenciones sociales por parte de la comunidad internacional, avalada por el Gobierno Nacional y que además de contribuir con la estabilización socioeconómica de muchas familias afectada, contribuye también al dinamismo económico que produce la circulación de recursos, el desarrollo de proyectos productivos y generación de ingresos.
Es también una oportunidad para las diferentes organizaciones y asociaciones que se encuentran constituidas o que se están formalizando, con la expectativa de canalizar muchos de estos recursos provenientes de estos fondos para la paz. No debemos pasar por alto ciertos factores de riesgo con los que contamos la corrupción por su puesto se traduce en estos casos como la manera en que esos recursos son desviados o si bien se ejecutan de forma inadecuada desaprovechando la oferta vigente de los fondos para la paz; cabe resaltar el tema de seguridad, el estigma que pesa sobre las personas quienes ejercen liderazgos y que por temor a los asesinatos sistemáticos acaecidos no apelan a esos llamado, es un factor de riesgo elevado para ejercer este tipo de proyectos sociales.
Entonces debemos proponer una gran articulación entre las personas jurídicas, las instituciones del Estado y los organismos no gubernamentales para que juntos construyamos condiciones de vida alrededor de la paz y la reconciliación nacional, y eso sí que salga de los discursos formales de nuestra clase política tradicional.
Por: José Luis Blanco Calderón