En Colombia, cerca de seis millones de colombianos ha sido víctima del conflicto armado interno, de las cuales la Unidad de Reparación registra 308 mil en el departamento del Cesar, en donde nueve mil pertenecen al municipio de Becerril. Cifra que convierte a esta población es una de las más afectadas en esta parte del país.
La violencia en esta localidad inició, según los habitantes, con la bonanza marimbera, cerca de los años 70, tiempo en que grupos de guerrilla incursionaron en la zona y comenzaron a operar a lo largo y ancho del municipio, causando masacres, despojos de tierras, desplazamientos, secuestro, desaparición, entre otras acciones que años después fueron denominados por la Ley de Justicia Transicional como ‘hechos victimizantes’.
El secretario de Gobierno Municipal, Luis Alberto Suárez, aseguró que en Becerril más del 50% de los habitantes son víctimas. “Fuimos unos de los municipios más golpeados por la violencia”, especificó.
Sin embargo, y después de haber sufrido 10 o 20 años de este conflicto de casi medio siglo, existen personas que desconocen la norma creada hace tres años, que los cobija, protege y ayuda. Esto fue, tal vez, lo que inició la inquietud de un grupo de personas de Becerril en crear una Mesa Municipal de Víctimas del Conflicto, la cual realizó el ‘Primer Encuentro de Víctimas’ en la urbe de esta población, evento que comenzó ayer y finalizará hoy.
Ayer, en la primera cita, de las casi 200 personas presentes en el evento que se llevó a cabo en el auditorio del Hospital San José, alrededor de 10 conocían sobre la Ley 1448 y la existencia de la Mesa, los demás poco o nada conocían sobre sus derechos.
Entre las personas que obviaban la norma se encuentra Erasmo Ramírez, de 72 años, quien sufrió los vejámenes de una guerra ajena en múltiples ocasiones, de los cuáles aún quedan las secuelas.
Ramírez tuvo su primer desplazamiento en 1985, en la vereda Santa Fe, en cercanías de la población Estados Unidos, una de las más afectadas por las masacres. En 1996 Erasmo también tuvo que salir del predio en el que se encontraba, ubicado en la vereda Santa Cecilia, porque fue desplazado forzosamente para Altos de La Guajira, en el mismo municipio, en donde de igual salió huyendo para que no le pasara lo que a su vecino Juan Aragón, quien murió en manos de la guerrilla.
Hasta ayer, Erasmo Ramírez, aparte de las ayudas humanitarias, desconocía sobre a qué tenía derechos y cómo hacerlos valer.
“Hay víctimas del conflicto que tienen temor, les da miedo mostrar que son víctimas, hay personas que ni siquiera han declarado y hay otras que están a la expectativa de la ayuda humanitaria”, dijo Luis Eduardo Barreto Muegues, coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas, quien aclaró “nosotros nos ‘inventamos’ este primer encuentro de víctimas del conflicto con un solo fin: decirles que las víctimas tenemos derechos, que estamos siendo reconocidas por el Gobierno Nacional a través de la Ley de Justicia Transicional, que dice que en Colombia hay conflicto armado y que a partir de 1985 aquellas personas que fuimos desplazadas, que nos sacaron de nuestras tierras, que nos mataron a los familiares tenemos unos derechos que están establecidos, como lo mencionada el artículo 28 de dicha norma”.
Las historias y un dolor que no deja avanzar
Anilis Mojica, también participó del evento, ella fue desplazada por grupos al margen de la ley en el año 2003, pero su sufrimiento comenzó cuatro años atrás, cuando su padre falleció en la ‘masacre del puente de Honda’, desde allí su vida cambió y su economía también porque después su única herencia fue hurtada por miembros del paramilitarismo.
Rosa Elena González tiene 61 años, de los cuáles ocho lleva en la incertidumbre de no saber de su marido, a quien un día fue encontrado por los grupos al margen de la ley y se lo llevaron, prometiéndole regresarlo a casa, desde entonces lo esperan y su desaparición la vive la familia. Rosa aún lo llora y sus nueve hijos preguntar por su existencia.
Ese mismo dilema que vive González, lo sufre Miladis Martínez Maiguel, de 43 años, a quien le desaparecieron su padre la mañana del 11 de mayo de 2001. “Él transportaba leche con mi hermano y el conductor, entró a la finca ‘La sonora’ porque la habían dinamitado y cuando llegaron le dijeron que tenían que llevárselo y que después regresaría a casa y desde entonces seguimos buscándolo, pero no tenemos ninguna información, mi madre sufre mucho por eso”, dijo la mujer.
Ante ello, Luis Eduardo Barreto mencionó “Ese dolor no nos deja avanzar, quiero que tomen conciencia y le digan a los demás que crean en la reparación, porque sé que estamos cansados de la mentiras y no ven luces futuras, pero con esta ley quiero que se nos haga justicia”.
En el recinto se les entregó un libro a representantes de las víctimas con rutas de atención para que así lleguen hasta las entidades correspondientes a declarar, solicitar o suministrar información para el proceso de reparación.
“El Gobierno está en la tarea y tiene el compromiso de hacer nuestra reparación, pero si no hay verdad y no hay justicia no habrá reparación. La implementación de la Ley 1448 no ha sido fácil, porque en algunas entidades del Estado no le dan la interpretación real y nosotros como víctimas, muchas veces, no la hemos puesto a funcionar, andamos por ahí pensando en cuándo será que nos van a reparar o cuándo me llegará ayuda humanitaria. A través de la Mesa se lograron articular algunas acciones”, recalcó Barreto Muegues.
Buenas nuevas
El delegado de la Alcaldía José Nelson Ramos, manifestó que la vereda Estados Unidos fue la que más sufrió y por ello fue priorizada para la implementación de proyectos, como el de la pavimentación de vías.
Así mismo, el representante municipal, indicó que la población víctima podrá tener acceso a estudios superiores a través de becas educativas apoyadas por el gobierno local, así como también a programas de viviendas subsidiados por el Estado.
Puntos de vista
Mario José Pérez Barraza, víctima
“Este evento me ayudó a conocer sobre mis derechos, los desconocía porque en otras reuniones en que he estado no nos aclaraban a qué teníamos derechos”.
Jairo Rafael Guerrero, víctima
“Los desplazados de esta zona desconocíamos cómo poner denuncias y esas cosas, pero ya sabemos, ya nos lo dijeron y debemos pedir reparación”.
Por Merlin Duarte García/El Pilón
merlin.duarte@elpilon.com.co