Una vez más habría quedado en evidencia un presunto fraude en el proceso de legalización de predios del barrio Francisco Javier de Valledupar y que sus habitantes podrían obtener un beneficio económico para el mejoramiento de viviendas.
Lo anterior fue denunciado nuevamente por César Ahumada, edil de la comuna Cinco de la capital del Cesar, a la cual pertenece este barrio.
El líder social manifestó que la Contraloría General de la Nación les respondió un derecho de petición en el que informa que dicho sector no fue focalizado para ser incluido en el programa Casa Digna- Vida Digna, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el cual en el 2019 entregaron, a los dueños de casas, cartas cheques por valor de $14.900.000, lo cual resultó ser falso. También quedaría demostrado que hubo irregularidades en el proceso de dación de pago por parte de la Alcaldía de Valledupar, para proceder a la titulación de predios.
Sin embargo, dichos cheques no podrían ser ejecutados debido a que el barrio no está legalizado a pesar de estar el proceso de dación de pago por parte del municipio con el dueño del terreno.
Para esto, Ahumada ha realizado diferentes denuncias en entidades como Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, a nivel local y nacional.
La más reciente la realizó personalmente al contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, en su reciente visita a Valledupar.
“Entregué más de 107 folios en los que habían recibos de pagos realizados por la comunidad a los dueños de los predios representados en la firma Lascano Morales & Hijos, en ese entonces, que fue en la anterior administración municipal, a algunos de los habitantes ya les faltaba poco para terminar de pagar sus predios. También les envié la copia de la carta cheque que entregó el Ministerio de Vivienda, cuando estaba como ministro Jhonatan Malagón y venían también firmadas por la Alcaldía de Valledupar y Gobernación del Cesar. La denuncia y todo eso quedó plasmado en el documento”, dijo Ahumada.
Al llegar la respuesta de la Contraloría General de la Nación, con fecha del 5 de mayo de 2023, esta señala que el barrio Francisco Javier nunca fue focalizado para recibir ayudas bajo el programa Casa Digna- Vida Digna, por haber un proceso en la legalización de predios.
“En relación con la dación de pago por impuesto predial realizada por el municipio de Valledupar, la Contraloría General de la República realizó un control excepcional, y se advierte en su contenido que el Ministerio de Vivienda informó a este ente de control que el asentamiento urbano barrio Francisco Javier nunca fue focalizado dentro de los beneficiarios del programa Casa Digna- Vida Digna de la ciudad de Valledupar”, se lee en el documento.
“Ellos engañaron a la gente porque estaban en plena campaña política en el 2019, y se los llevaron al centro de convenciones Crispín Villazón, donde fueron entregadas las resoluciones de las casas y las cartas cheques. Las cartas cheques las debería hacer efectiva Fonvisocial y esto no pasó porque los predios no están legalizados”, expresó César Ahumada.
Cabe señalar que por todo este proceso, principalmente por la legalización de predios a través de dación de pago, está siendo investigado el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, ya que inició un trámite jurídico con la firma Lascano Morales & Hijos. Estos últimos dieron al municipio dos lotes a cambio de saldar la deuda $993 millones por concepto de impuesto predial e intereses de casi 50 predios a nombre de la firma.
Entre estos entraría el barrio Francisco Javier y también Villa Consuelo, pero resulta que para el primero ya una gran parte de los habitantes ha pagado su terreno a la misma firma.
Por el negocio entre la administración municipal y la firma para la dación de pago supuestamente era por $20.000 millones y hasta el día de hoy hay respuesta positiva para dichos barrios, lo que impide que haya inversión en los servicios públicos ni pavimentación.
Al consultar a Fonvisocial sobre cómo va el proceso de legalización de predios de Francisco Javier, voceros de la entidad sostuvieron que todo está paralizado hasta tanto no se resuelva por parte de las entidades competentes la investigación que hay al respecto sobre la suma de dinero antes mencionada.
REDACCIÓN/ EL PILÓN