Desespero y angustia es lo que prima en los propietarios de bares, discotecas, billares y demás establecimientos nocturnos de Valledupar por el cierre de sus locales en medio de la cuarentena nacional. Muchos hablan de declararse en insolvencia económica porque están a puertas de una quiebra ante la falta de alivios en temas de arriendos, servicios y la falta de ingresos, por lo que claman a gritos respaldo del gobierno municipal.
Jorge Cerchiaro, quien representa a la Asociación de Bebidas y Licores del Cesar, aseguró que el 96.6 % de los empresarios operan sus marcas y establecimientos en locales arrendados o espacios en concesión, el 31.4 % lo hacen con Inmobiliarias como intermediarios y el 68.6 % tienen contratos directos con los propietarios de los locales. En ambos casos, el 80.5 % de los empresarios no han podido llegar a acuerdos privados con los propietarios que sean beneficiosos para ambas partes.
Lee aquí también: ‘El golpe’ a la economía vallenata por la cancelación del Festival
“El 25.2 % devolverán sus locales al terminar el mes y se enfrentarán a juicio. En términos de empleo y ocupación, el 92 % de los equipos de trabajo han sido suspendidos, licenciados o terminados en sus contratos o labores. Es decir, 250 personas hoy no tienen ni van a tener un lugar de trabajo o un mínimo vital en la economía nocturna del entretenimiento en el corto plazo. Aún entre toda la adversidad, el 52.8 % de los empresarios piensan mantener su local un período de un mes más y dispuestos a aguantar un poco más”, argumentó el líder de los sitios nocturnos de la capital del Cesar.
En la actualidad dentro de la Asociación de Bebidas y Licores del Cesar existen 38 establecimientos en las categorías de bares, discotecas, restaurantes, billares, estaderos y siguen afiliando a más negocios del sector. Se estima que en la ciudad de Valledupar hay más de 500 establecimientos registrados en Cámara de Comercio bajo el CIIU 5630 de “expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento“.
Uno de los afectados es Guillermo Silva, quien expresa con preocupación que se han visto abocados a vender licor a domicilio, pero no están preparados para esto, puesto que les toca competir con los mismos distribuidores que tienen puntos de distribución en la ciudad y que los comercializan al mismo valor que se los dan a ellos. “A una botella le ganamos entre $2.000 a $3.000 y qué puede significar esta cifra en comparación con lo que hay que pagar de arriendos y servicios públicos. Aquí está ganando más el domiciliario que nosotros”, afirmó.
Por otro lado, manifiesta su inconformidad porque los recibos públicos como energía y agua lleguen con cobros estimados cuando ahora no consumen lo mismo que antes. “Por estar cerrados no nos llegan clientes y no tenemos cómo pagar nuestras obligaciones”, sustentó.
SU PROPUESTA A LA ALCALDÍA
Conscientes de la crisis propusieron a la administración del alcalde Mello Castro la construcción de un plan de acción que permita el abordaje de las afectaciones, minimizar los riesgos de cierre y quiebra. “Desde nuestros establecimientos generamos ingresos para propietarios, trabajadores, colaboradores y familias. Somos parte de la economía de la ciudad y desde allí nuestro interés y voluntad en aportar para los procesos futuros de reactivación”, recalcó Cerchiaro.
LO QUE MÁS LES HA AFECTADO
Los querellantes aseguran que lo que más les ha afectado de esta pandemia es que no tienen los ingresos para subsanar gastos como pago de arriendos y empleados. Saben que deben cuidar a sus clientes, por eso muchos cerraron actividades apenas se decretó el cierre de establecimientos, pero la afectación más grave que tienen es la falta de recursos para solventar temas de arriendos.
“El Gobierno nacional nos manda a llegar acuerdos con los propietarios de los locales a concertar los cánones de arrendamientos, pero dichas negociaciones han sido imposibles ya que muchos argumentan que el sustento para sus vidas también deriva de los locales comerciales; sin poder trabajar, sin poder llegar acuerdos con los propietarios, sin acceso a préstamos al sector (ya que los bancos consideran que la actividad de restaurantes y bares son consideradas de alto riesgo) es muy difícil sostener nuestros locales comerciales”, anotó Jorge Cerchiaro.
Además anotan que tienen el caso de tres establecimientos que les ha tocado cerrar a pesar que hay un decreto nacional que prohíbe el desalojo, “pero la cruda realidad es que les ha tocado recoger y entregar”, puntualizó el representante a la Asociación de Bebidas y Licores del Cesar.
Frente a esta situación, este medio intentó comunicarse con el secretario de Gobierno municipal, Luis Galvis Núñez, pero estaba en una videoconferencia y no pudo responder el llamado.
ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN