Este impuesto que empezó a regir desde el primero de enero del 2022, que contó con la aprobación del Concejo Municipal y que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, al parecer, carece de los estudios técnicos suficientes y tendría falencias normativas en su aplicación.
Tras conocer que los vehículos que se encuentren matriculados en la ciudad de Valledupar tendrían que pagar un nuevo impuesto, varios conductores y sectores de la ciudad expresaron su desacuerdo con este cobro en la ciudad; así las cosas, el abogado Alfonso Durán Bermúdez interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Cesar.
Al respecto, el abogado Alfonso Durán manifestó que “este no es un servicio que la secretaría está presentando; es una obligación, por tanto, como lo consagra la Ley de Archivos, no debería tener un recaudo de ningún tipo”, y aclaró que está norma transgrede el Artículo 168 de la Ley 779.
En este sentido, está nueva normativa se debe basar en los estudios técnicos de los costos de los servicios sobre la eficacia y la eficiencia. Según el jurista, en esta normativa no se contó con los estudios técnicos necesarios para poder fijar estás tasas, tasas que vale la pena aclarar, las cuales están fijadas por las normas fiscales que regulan el valor de los servicios directos que presta la secretaría.
Por su parte, el concejal Omar Dita también emitió su opinión respecto a esta nueva medida, dejando en claro que no está de acuerdo con esta medida ‘porque encarece el costo de vida de los vallenatos’.
Adicionalmente, manifestó que estuvo mal explicado, por parte del secretario de Tránsito, los beneficios de este recaudo. En opinión del cabildante, el recaudo no debería destinarse para el embellecimiento de las oficinas o de la infraestructura de la secretaría, sino que deben ser implementadas para mejorar y actualizar los ‘ineficientes procesos que se están efectuando frente a los archivos digitales’, en busca de mejoras de la gestión de la información y así disminuir el tiempo y los costos para los usuarios.
Igualmente, Dita anunció una proposición para solicitar la modificación del acuerdo bajo el principio de equidad y la correcta inversión de los recursos recaudados sin afectar la economía de los valduparenses.
OSCAR RUIZ ENCISO / EL PILÓN