La seguridad urbana es uno de los principales lunares del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, que se apresta a cumplir un año de gestión. Es paradójico que el hombre que logró los mejores éxitos del Presidente Uribe en esta materia, hoy tenga muchos retos pendientes en el tema.
El gobierno anterior avanzó mucho en materia de seguridad, y principalmente en la seguridad rural y en las carreteras. Se le quitaron territorios a la guerrilla, se recuperaron otros y también se presentaron avances sustanciales en la lucha contra el narcotráfico y se le dio el tratamiento que el país conoce al tema del paramilitarismo.
No obstante lo anterior, en las últimas semanas en varias regiones del sur del país, como Cauca y Nariño, la guerrilla ha protagonizado distintas acciones contra la fuerza pública y también contra la población civil, que han alterado la situación de orden público, que han creado entre la ciudadanía una percepción de retroceso en este frente.
En opinión del gobierno nacional, estos son hechos aislados productos del desespero de las FARC ante las acciones del Ejército Nacional en búsqueda de Alfonso Cano, en zonas del Tolima y el Huila, donde se supone que está, según los informes de inteligencia que maneja el Estado.
De otra parte, está el accionar de las llamadas bandas criminales, relacionadas con el narcotráfico y la extorsión en las grandes y medianas ciudades, que representan, en nuestra opinión, el principal reto del Estado en materia de seguridad, en estos momentos.
La mayor percepción de inseguridad hoy se presenta en las ciudades, motivadas por el atraco callejero, el robo del celular, principalmente; pero tampoco hay que menospreciar el tema de las cifras de homicidios, el robo de vehículos y el hurto a las residencias y comercio, que presentan estadísticas preocupantes y que ratifican la falta de una estrategia coordinada entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.
En materia de seguridad rural y urbana el Estado no puede bajar la guardia. Por el contrario, se requiere una estrategia bien coordinada, de largo plazo y sistemática que involucre el control al porte de armas, más inteligencia, mayor coordinación interinstitucional y estímulos de distinto tipo para la colaboración de la ciudadanía.
En el caso de Valledupar, como ha sido tema en los debates en el Concejo por estos días, hay que revisar a fondo programas como el de las cámaras de seguridad, que no está funcionando bien.
Adicionalmente, se requiere mayor pie fe fuerza y más controles efectivos y a fondo, principalmente en los sectores que se tienen identificados como más inseguros y como área de influencia de los delincuentes.
Los resultados de estudios como el de Valledupar Cómo Vamos, muestran la realidad que percibe la ciudadanía y, reiteramos, debe ser objeto de análisis cuidadoso por parte de las autoridades civiles y de policía. Valledupar no puede bajar la guardia en materia de seguridad, todos los controles se deben intensificar así estos sean molestos, a veces, para los ciudadanos de bien, pero hay que colaborar con los autoridades facilitando esos controles e – insistimos- manteniendo una actitud de alerta frente a la delincuencia, atendiendo las recomendaciones de las autoridades y alertando sobre personas y situaciones sospechosas. Aunque suene a un eslogan trasnochado la seguridad es un asunto de todos y esta sólo puede mantenerse bajo control con una colaboración armónica y sincera entre autoridades y ciudadanía.